La regularización del echeverriano barrio La Victoria sigue dando que hablar, a dos semanas de la última toma de la sede comunal por un grupo de residentes que se resiste a aceptan las condiciones que les ofrece la comuna para adscribir a un plan de pagos de cara a su escrituración habitacional. Desde la Municipalidad salieron a acusar a un grupo de dirigentes barriales y una central obrera de intentar “confundir” sobre los fines del programa.

Hace unos diez días, los vecinos lograron un diálogo con el jefe comunal, Fernando Gray, que se comprometió a rever las tasas que se aplicarán a quienes se encuentren en condición de pagar pero con dificultades, mientras que aquellos ocupantes que demuestren que ese encuentran en situación de vulnerabilidad social serán considerados para que su caso sea elevado al Consejo Social, que administra la Universidad Nacional de La Plata, para que aconseje cómo accionar en la circunstancia particular.

El plan nació para tratar de formalizar el barrio, es decir, propender su regularización dominial. Para ello, se confeccionó un plan de pagos de hasta 48 meses con cuotas que cotizan el metro cuadrado de terreno en 60 pesos y con una tasa de hasta el 11 por ciento, inspirada en el programa Procrear. Pero un grupo de residentes lo rechaza.

Según el subsecretario de Tierras y Vivienda local, Gustavo Cañete, esos núcleos vecinales están constituido por tres partes: cerca del 70 por ciento de los residentes, que fueron censados y ya cuentan con las condiciones para acogerse a la propuesta oficial; una segunda fracción que especularía con las tierras que tomaron y que rechazan el plan porque los haría perder propiedades que hoy usufructúan; y luego los dirigentes alineados con el Movimientos de Acción Barrial (MAB), que pertenece a la ATE - CTA.

Contra el primero de esos grupos, Cañete cargó contra ellos porque “nos encontramos con dos o tres familias viviendo en un mismo lote, en el que las dos de la parte posterior son alquiladas y atrás un negocio donde no vive nadie. A muchos le gustaría un lote que es un inmueble municipal que no paga impuesto para lucrar con él”, disparó. Para derruir esos alquileres informales, la comuna decidió “no reconocer inquilinatos”, de modo que los habitantes de una casa son considerados sus nuevos dueños.

Pero el último grupo es el que preocupa a las autoridades, aseguran que está politizando el escenario. “Lo único que generó es un grado de desinformación y, sobre todo, de poca claridad. Se le dijo a la gente que era una estafa, no habría escrituras o que es un negocio inmobiliario. Nos da mucha tristeza”, calificó el funcionario.