Frente al escándalo que generó el allanamiento de la whiskería La Rosa Sexy Bar por parte de la Dirección provincial contra la Trata, en conjunto con la Justicia, el municipio decidió que hoy se dictamine el cese de actividades, hasta que se resuelva la situación procesal del dueño del local, Juan Cabrera. El propietario, más conocido como Indio Blanco, continúa preso -aunque está en trámite un pedido de excarcelación-, acusado de "promoción y facilitamiento de la prostitución ajena", luego de que el juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de Alejandra Rodenas, advirtiera conexiones entre el cabaret habilitado por la municipalidad, y el hotel alojamiento de al lado, donde se realizaban los pases con las mujeres prostituidas. Hoy, el Concejo Municipal tratara en Labor Parlamentaria dos proyectos para que la intendencia o los responsables de Inspecciones y Seguridad Comunitaria den explicaciones sobre por qué no se clausuró el local la madrugada del operativo.

Si bien la Justicia levantó la clausura que ordenó el sábado pasado -según dijo a este diario la defensa de Cabrera-, La Rosa seguirá cerrado y "administrativamente" hoy será el cese de actividad, según indicó el titular de Seguridad Comunitaria, Luis Baita, ayer por la tarde, mientras personal de Inspecciones estaba trabajando en el lugar.

En tanto, hoy en el Palacio Vasallo, los jefes de bloques tratarán dos iniciativas generadas por el cierre del lugar: el concejal Héctor Cavallero presentó un pedido de informes a la Municipalidad; mientras que el edil Diego Giuliano apuntó a que Baita y el director de Inspecciones, Gregorio Ramírez, vayan al Concejo a dar explicaciones sobre por qué no se decidió esa misma madrugada el cierre del local, luego de que la Justicia constatara la conexión entre los dos inmuebles, propiedad del Indio Blanco.

Frente al reclamo opositor, Baita dijo ayer a LT8 que "mirar si había continuidad entre un negocio y el otro es minimizar el tema. Las puertas de que se habla en todo momento estuvieron cerradas. Si bien hay continuidad entre un local y el otro, no quiere decir que estén operables las conexiones. Eso va a ser materia de trabajo en nuestro área pero me parece que acá el delito más grave es por el que se está acusando al titular del establecimiento".

Aunque la jueza Rodenas habló de al menos tres conexiones entre los dos inmuebles, Baita aseguró: "Estamos convencidos de que las puertas que constaban en las habilitaciones, aún en este procedimiento, estaban cerradas. En la planimetría de nuestras habilitaciones esas puertas siempre estuvieron selladas", insistió.

Sin embargo, el funcionario municipal dijo que concurrirá al Concejo junto a Ramírez. "No hay ningún problema en dar todo tipo de explicaciones", dijo. Y agregó: "Creo que no puede haber una mirada equivocada de 40 inspectores que están trabajando de manera rotativa y con jefes diferentes".

Como respuesta, en su cuenta de Twitter, el concejal Giuliano señaló: "Estoy de acuerdo con lo que dice Baita, realmente es raro que 40 inspectores no se hayan dado cuenta de la irregularidad"; y en otro tuit agregó que "aún es más raro que constatada la conexión por la Justicia, la Municipalidad se haya negado a clausurar La Rosa".