Esta semana, los Juzgados de Faltas N° 1 y N° 2 de la Municipalidad de Chajarí comenzaron a intimar a las personas que tienen motos retenidas y depositadas en el Municipio o en la comisaría local para presentarse a regularizar su situación y proceder al retiro del motovehículo. Es que en los próximos días se comenzaría con el proceso de compactación.

La convocatoria se realiza a cabo en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza 1406/14 del HCD, mediante la cual el Municipio se adhiere al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores. Asimismo, especificaron que conforme a la Ordenanza 1380/14 HCD, para proceder al retiro de la motocicleta, los dueños tienen que abonar el 50% de la sanción de multa impuesta, con la posibilidad de completar el saldo en cuotas. Además, el propietario se debe presentar la documentación correspondiente (cédula verde, carnet de conductor y seguro).

Al tomar conocimiento de la medida, el concejal de Concordia perteneciente al Frente entrerriano federal (FEF), Alberto Zadoyko, pidió que la municipalidad comandada por Gustavo Bordet (PJ) compacte las motos que no se retiran, tal con lo comenzarán a hacer en la ciudad gobernada por el ex senador Juan José Panozzo (PJ).

Para analizar cómo funciona el sistema y la adecuación de la norma nacional, Zadoyko anunció que viajará en los próximos días a Chajarí para reunirse con sus colegas a fin de interiorizarse del mismo.

El Concejal entiende que “hay que dar una solución al tema del depósito de motos por un tiempo indeterminado” y consideró que para ello “el Municipio puede hoy, recurriendo a la Justicia y siguiendo el procedimiento legal que está vigente, proceder a intimar y luego pedir el remate de esas motos, pero parece no tener la idea de hacerlo”, cuestionó.

Inclusive, el edil recordó que en 2014 el Concejo aprobó una ordenanza que establece determinados beneficios para facilitar el retiro de los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito y permanecen alojados en los depósitos municipales. La fecha límite para acogerse este beneficio fue hasta el 30 de septiembre, y todos aquellos que cumplían con los requisitos podrían librarse del pago del traslado y estadía del vehículo secuestrado y sólo abonaban el 50% de la multa, con una facilidad de pago otorgada en tres cuotas.

“Lamentablemente no se conoce el resultado de esta Ordenanza, si se aplicó, cuanto se recaudó y cuantas motos fueron entregadas”, señaló Zadoyko en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL.

“Tampoco prosperó la ley Nº 10.295 que el Gobierno Provincial aprobó en el año 2014 y que está sujeta a revisión debido a problemas legales de ejecución y que nuestro bloque marcara cuando fue tratada en el recinto”, agregó.