Durante más de cuatro horas, Antonio Domingo Bussi mostró ayer mejor semblante que hace dos años, en el inicio del segundo juicio oral por violaciones a los derechos humanos que llega a instancia plenaria en Tucumán. En la causa se debate la existencia de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía de Tucumán.

Transcurrida más de la mitad de la extensa audiencia de la mañana, el ex gobernador fue retirado por el personal de la Dirección de Emergencias del Siprosa a una sala contigua, para ser sometido a un control cardiológico y seguir desde allí la sesión, con mayor comodidad. "Sufrió una lipotimia (caída de la presión arterial), pero ya está bien. Se le hicieron un electrocardiograma y un chequeo de azúcar en sangre. Ya está compensado, no hace falta que se lo interne", explicó su hijo, Luis José Bussi.

En ese momento, una ambulancia del Siprosa tomó ubicación para trasladar a Bussi, con los efectivos de la Gendarmería Nacional que custodia el edificio del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) con sus escudos a modo de techo protector para cuidar su salida, que no se concretó.

Esta fue la única zozobra ocurrida durante el acto procesal de lectura de la elevación a juicio de la causa, con la que se abrió el debate formal. Hoy se invitará a los imputados (cuatro militares y tres policías, todos retirados) para que dirijan sus primeras palabras a los miembros del TOF, que integran Carlos Jiménez Montilla (preside las audiencias), Gabriel Casas y la santiagueña Josefina Curi (sustituye a la excusada Alicia Noli). Como cuarto juez, designado por si eventualmente debe reemplazar algún magistrado, participa de las sesiones el vocal del TOF de Santiago del Estero, Luis Eduardo López.

La reunión de ayer duró entre las 10 hasta las 13.40 por la mañana, con un único cuarto intermedio de 30 minutos, y entre las 17.50 y las 20, con 10 minutos de receso mediante. Al ingresar los acusados, los militantes de derechos humanos que estaban en el salón levantaron pancartas y carteles con las fotos de desaparecidos. Afuera, columnas de partidos y de grupos políticos multiplicaron sus cánticos y consignas contra los acusados.

Bussi fue trasladado constantemente en silla de ruedas y tuvo asistencia respiratoria (a través de un tubo de oxígeno). Interactuó frecuentemente con sus defensores oficiales, Edgardo Bertini y Pablo Lauthier, a diferencia de 2008, cuando presentó un cuadro de semiinconsciencia en distintos tramos del juicio por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse.

La asistencia personal de los imputados a la primera audiencia es obligatoria. Por ello, junto con Bussi, en el salón estuvieron Alberto Luis Cattáneo (también con mochila de oxígeno por una deficiencia crónica pulmonar, y fue controlado varias veces); Albino Mario Zimmermann; Roberto Heriberto Albornoz; Luis de Cándido (camina con dos muletas) y su hermano Carlos de Cándido (con 60 años, es el más joven de los acusados).

En una oficina del primer piso del edificio de Chacabuco y Crisóstomo Alvarez estuvo Luciano Benjamín Menéndez, ya que la instrucción médica para darle el alta de su internación en el hospital militar de Córdoba era que no esté en lugares de gran concentración de personas para evitar una recaída (siguió la audiencia por circuito cerrado junto con su hermano, José María Menéndez, y su principal defensor, Horacio Guerineau). Cada uno enfrenta distintas imputaciones legales (Ver "Los cargos..."), por lo que las defensas plantearán distintas estrategias para el beneficio puntual del cliente específico.

La lectura completa duró poco más de cuatro horas, en las cuales se describieron el plan sistemático general implementado por el proceso militar para la represión (se detalló incluso el comienzo del Operativo Independencia, como antecedente durante el último año del gobierno democrático); los hechos concretos denunciados en los 22 secuestros bajo estudio (Ver "Hechos..."); la responsabilidad de cada uno en cada caso y el ofrecimiento de la prueba presentada por el fiscal federal Emilio Ferrer, quien realizó la pesquisa original.

Al finalizar la lectura, poco antes de las 19, el presidente del TOF abrió el debate y, con ello, el momento para que las partes formulen cuestiones preliminares. El defensor de Zimmermann, Eduardo Brandán, adujo, especialmente, el principio de la cosa juzgada para solicitar la nulidad absoluta del proceso en contra de su defendido. En dos ocasiones, Jiménez Montilla le llamó la atención porque leía constantemente (al ser un proceso oral, sólo pueden utilizar soportes de lectura como ayuda memoria). Los abogados querellantes, con distintos argumentos, desecharon el pedido. Valentina García Salemi edificó su respuesta, principalmente sobre la base de que el Código Procesal Penal de la Nación prescribe que no pueden reeditarse cuestiones ya resueltas en instancias anteriores. En esto, según la letrada, había incurrido Brandán. El TOF decidió diferir para el final del proceso la resolución del pedido del abogado.