El hijo mayor del ex gobernador, el legislador Luis José Bussi (Partido Republicano Fundacional), anunció la decisión de recurrir al máximo tribunal continental (Ver "Uno de los juristas que evaluará..."). Precisó que tras la feria judicial de enero instruirá a los defensores oficiales que atienden el caso de su padre para que actúen internacionalmente.

Los últimos días del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), y lo convirtió en firme con calidad de cosa juzgada en el país. Cualquier otro planteo que se realice no modificará esta calificación, hasta tanto la Corte Interamericana no se pronuncie eventualmente con la condena contra la Argentina (se acusa a países, no al Poder Judicial ni a particulares) para que modifique el fallo. Un proceso internacional demora, por lo general, muchos años. Por ello, la pena contra Bussi se podrá ejecutar de inmediato.

La decisión de Bussi es individual y no abarca a lo que pueda hacer Luciano Benjamín Menéndez, condenado a la misma pena por el TOF, también por la causa Vargas Aignasse. El expediente del ex gobernador está asentado en la oficina Penal de la Defensoría Oficial ante Corte de la Nación, cuyo responsable es Julián Langevin.

"Queremos que se interpongan todos los recursos posibles, puesto que con mi padre entendemos que no hay justificación jurídica alguna ni andamiaje legal para sostener una sentencia que es, a todas luces, una persecución política contra un general victorioso", aseveró el legislador Bussi, en un diálogo con LA GACETA, que se desarrolló como sigue.

- ¿Sobre qué bases fundamentarán su posición?

- Sobre la de que se ha subvertido el orden jurídico en la Argentina, porque en este caso se vulneraron principios básicos del derecho penal, como la irretroactividad de la norma, porque nadie puede ser juzgado sino por una ley anterior del hecho del que se lo acusa; el imperio de los jueces naturales; la aplicación de la ley más benigna, y otros principios constitucionales.

- Esos temas ya fueron debatidos durante el proceso, incluso en el juicio oral...

- Pero la sentencia es obviamente inconstitucional, ya que todo el proceso nace a partir de la anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Ya la Cámara Federal Penal, que condenó a las Juntas Militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, era inconstitucional porque debían intervenir el tribunal militar y aplicarse del Código Militar. En el decreto 261/75 se declaró zona de operaciones militares a Tucumán, y estaba vigente en plenitud la Ley de Defensa Nacional al momento en que la presidenta, MaríaIsabel Martínez de Perón, designó a Bussi comandante del Operativo Independencia. Consideramos que se puede y se debe revisar la constitucionalidad del fallo, para que se lo anule.

- ¿Qué más cuestionan del fallo del TOF?

- El caso adolece de toda prueba que vincule a mi padre con la lamentable desaparición de Vargas Aignasse, salvo falaces afirmaciones de testigos truchos. Él no tiene nada que ver con el hecho.

- ¿Esperaban un pronunciamiento distinto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

- Teníamos confianza en que revierta el fallo del TOF, pero se ve que está consustanciada con la persecución a mi padre. La Justicia nos fue desilusionando instancia tras instancia; siempre tuvimos la esperanza de que se atenga a derecho, lo cual no hizo. Mi padre tomó la decisión de la Corte con verdadero desasosiego, porque perdió su última esperanza nacional. Pero no me cabe duda de que, con el transcurso del tiempo, esta misma Justicia se convertirá en un instrumento contra el kirchnerismo, porque los jueces van para donde sopla el viento.