Los videos en los que se mostraba claramente cómo un grupo de penitenciarios torturaba a los internos del complejo San Felipe generaron una serie de críticas contra la gestión del Gobierno, que, a su vez, culpó a la administración anterior. Además, presentó un proyecto para crear una comisión provincial de prevención de la tortura con sede en la Primera Circunscripción Judicial para que sea descentralizada e independiente.

Este organismo ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y mañana buscará la aprobación del Senado. Mario Adaro, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, comentó que todo se enmarca en las políticas de los DDHH que viene haciendo la Provincia. "El martes (por mañana) esperamos que el Senado apruebe la comisión, ya que esto ayuda a fortalecer toda la tarea que se está haciendo", contó Adaro. La norma establece que integrarán el organismo un presidente (el procurador de las personas privadas de la libertad) y un comité local para la prevención de la tortura y otros tratos, el cual estará integrado por los representantes de organizaciones no gubernamentales.

También se podrá designar a un procurador adjunto en el caso en que sea necesario. El procurador será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Senadores y será elegido por una terna vinculante propuesta por una comisión asesora conformada por las cátedras de Derechos Humanos de las universidades locales mediante concurso público de antecedentes y oposición. Esta comisión actuará en defensa y protección de los derechos de toda persona que sea privada de la libertad de cualquier modo, en todo tipo de establecimiento bajo jurisdicción y control del Estado provincial.

Para eso se tendrán en cuenta las garantías consagradas en tratados internacionales, constituciones nacional y provincial y leyes. Las facultades de la comisión también se extenderán a la protección de personas privadas de libertad en entidades de carácter privado. Entre las funciones que tendrá el órgano podrá requerir la comparencia de los funcionarios y empleados de los organismos y entes con el objeto de requerirles datos acerca de los hechos cuya investigación estuviera a su cargo y acceder sin restricción alguna a toda la información referida a las personas y a los lugares de detención o retención.

Pero no todos los diputados compartieron positivamente la media sanción. Ricardo Puga (PIM), titular de la Comisión de Derechos y Garantías, manifestó que no se opone a la presencia del procurador penitenciario pero que debería ser natural que no haya torturas dentro del penal, porque se deberían respetar las constituciones provincial y nacional y la legislación referente a todo ello. Néstor Piedrafita (ARI) explicó que Mendoza está ubicada en el segundo lugar, después de Buenos Aires, en materia de muertes dentro de los penales y que se debe revertir esa situación.

Agregó que "los hechos demuestran que hay que avanzar con mecanismos de control penitenciario para la solución de estas situaciones". Por último, manifestó que el procurador puede cumplir con una tarea importantísima y que, quizás, habría que repensar el sistema penitenciario.

Las funciones del organismo

>Visitar periódicamente y sin previo aviso los lugares en que se encuentren o pudieran encontrarse las personas privadas de su libertad.

>Controlar en forma permanente el trato que reciben los reclusos.

>Entrevistarse libre y privadamente con los presos.