La iniciativa establece que el estado provincial y empresas estatales deberán emplear a los liberados con domicilio o residencia en el territorio de la provincia, que hayan cumplido una pena de más de cinco años de privación de la libertad, siempre que reúnan los requisitos de idoneidad requeridas por la legislación de empleo público, en una proporción no inferior al 2% de la totalidad de su personal.

Budassi detalló que la ley “obliga a los organismos de Estado a priorizar, en sus contrataciones y licitaciones, bajo las mismas condiciones de calidad y precio, a aquellas empresas que empleen a personas que hayan estado privadas de su libertad".

Además "las empresas que empleen a liberados podrán imputar al pago del impuestos ingresos brutos un 50% de las remuneraciones que perciban estos empleados", señaló el legislador.

Respecto de las demoras que está teniendo el tratamiento del proyecto, debido a las campañas políticas de la cual están participando la mayor parte de los legisladores, Budassi dijo que "considero que, dada la importancia del proyecto, su aprobación no puede estar sujeta a los vaivenes de un año electoral y debe ser tratado en el recinto lo antes posible”.