Buscan que se reglamente una ley contra la tortura en la provincia

La designación de Robert como relator recibe una nueva impugnación

El abogado Gustavo Morales se dirigió a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Tucumán, para oponerse al nombramiento de Tomás Robert, ex defensor del ex fiscal Guillermo Herrera, como relator del ministro público Edmundo Jiménez. “Esta designación fue impuesta ‘manu militari’ debido a los estrechos lazos de amistad del nombrado con Eloísa Rodríguez Campos, sobrina y relatora de Jiménez”, dijo Morales. El letrado expresó que no se trata de hechos aislados sino de deleznables prácticas de nepotismo y de amiguismo que deben ser desterradas. Morales asimismo dijo que en 2013 había denunciado a Robert por la relación preferencial que este mantenía con Eudoro Albo y Liliana Vitar, vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.

Buscan que se reglamente una ley contra la tortura en la provincia

La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Érica Brunotto, participó de una reunión con los legisladores que integran la comisión de Derechos Humanos. “Quedamos en tener un ida y vuelta de trabajo en temas que son claves, como la reglamentación de la ley provincial contra la tortura y todas las áreas que involucran la cuestión de los derechos fundamentales en la provincia”, sintetizó el legislador radical Fernando Valdez. “Vamos a invitar a los encargados del ente regulador de los servicios de agua y energía eléctrica y también a las empresas del sector para que nos cuenten cuál es la situación real de Tucumán y cuál es la perspectiva en los próximos meses de verano. Vamos a ver también la proyección de las tarifas, que involucran de modo directo a la temática de esta comisión en cuanto a derecho del consumido”, amplió el parlamentario opositor.

Estatales evalúan cómo profundizar el plan de lucha

El Frente de Gremios Estatales realizará el lunes a las 10, en Yerba Buena, un plenario para definir la modalidad de la protesta que concretarán la próxima semana para exigir al Gobierno el pago de un bono de fin de año de $ 8.000.

Comentá la nota