Se reunieron este martes las comisiones de Obras Públicas y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara alta provincial. Obras Públicas analizó el proyecto de ley que apunta a prohibir el uso de banquinas de rutas provinciales con fines productivos. Asuntos Constitucionales siguió con el análisis de los pedidos de Acuerdo enviados oportunamente por el Poder Ejecutivo.

En la primera comisión, se analizó el proyecto de ley impulsado por los representantes de Gualeguaychú y Victoria, Natalio Gerdau y César Garcilazo, respectivamente, que propone prohibir todo tipo de actividad productiva en zona de banquina de rutas provinciales, ya sea con fines agrícolas o ganaderos, ya que por razones de seguridad estos espacios deben permanecer libres de obstáculos.

El texto tendrá una serie de cambios, anticipó Gerdau, en la idea de lograr su inmediata aplicación una vez convertido en ley.

Cabe recordar que los legisladores habían recibido oportunamente a representantes de la Dirección Provincial de Vialidad, para obtener el punto de vista de la repartición sobre el tema, sobre todo teniendo en cuenta que hay una norma vigente que apunta usar la banquina para sembrar, previo convenio con la repartición.

Además debe observarse que en las rutas nacionales está terminantemente prohibido el uso de la banquina para otro fin que no sea el natural a su función en orden a la seguridad vial. Incluso el organismo nacional ha realizado una importante colocación de carteles que así lo indican, en todo el país, ante la expansión de la frontera agrícola.

El proyecto

El proyecto impulsado por Gerdau y Garcilazo apunta a prohibir la utilización, con fines agrícolas y ganaderos, de las banquinas y cunetas de las rutas provinciales entrerrianas, respetando las superficies que por razones de seguridad deben permanecer libres de todo obstáculo para asegurar la correcta circulación en las vías. Además faculta a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a fiscalizar y hacer cumplir la norma.

En los fundamentos que acompañan el texto, que tomó estado parlamentario el último mes y se abordó este lunes por primera vez en comisión, se indica que al transitar las rutas de la provincia se observa que las banquinas de las mismas se encuentran sembradas.

Agrega que la mayoría de las veces se ha implantado soja y a veces se da la presencia de animales vacunos pastoreando, lo que genera un alto riesgo para la seguridad de quienes transitan la vía.

Añade a la argumentación que aparece también una posible afección a la salud humana ya que en esos espacios que son del Estado se procede a la fumigación. Otra de las situaciones que dieron impulso a la iniciativa es que se producen movimientos de tierra de impacto negativo en el alcantarillado colocado para lograr el escurrimiento del agua.

Gerdau y Garcilazo objetan que “todo esto se hace sin abonar ningún tipo de canon al Estado entrerriano”.

La ley vigente

Cabe mencionar que se encuentra vigente, desde el año 2004, la ley 9583, que autoriza a la DPV para que a través de las Zonales Departamentales, otorguen permisos precarios y onerosos para el aprovechamiento de las zonas marginales de las rutas y caminos de la Red Provincial, donde por sus características y dimensiones pudiera sembrarse pasturas, cereales y oleaginosas.

En otro de los artículos se establece que en caso de darse las contrataciones entre el Estado y particulares “los permisos deberán tener una duración no inferior a tres años, serán renovables y no podrán ser cedidos, pudiendo los Organismos de Aplicación revocarlos total o parcialmente, en forma anticipada con expresión de causa y sin derecho de indemnización alguna por parte del permisionario, salvo el de concluir el ciclo del cultivo implantado con la recolección de frutos”.

Precisa además que en ningún caso “las explotaciones autorizadas podrán dificultar u obstaculizar de ninguna manera el tránsito vehicular por los caminos adyacentes, siendo nulas las cláusulas que no observen dicha preceptiva”, entre otras disposiciones.

Análisis de pedidos de Acuerdo

En tanto a las 11 la Comisión de Asuntos Constitucionales siguió con el trabajo que viene haciendo sobre una serie de pedidos de Acuerdo que enviara el Ejecutivo para cubrir vacantes en el Poder Judicial entrerriano.

En esta instancia se encuentran a estudio más de una decena de expedientes, los que ya cumplieron con los pasos establecidos en el artículo 19 del reglamento de la Cámara, por lo que sólo resta la elaboración de la resolución definiendo el destino de cada uno.

Se firmaron varias resoluciones y se estima que dentro de dos semanas se podrían tratar en sesión las resoluciones, ya que previamente se debe realizar la correspondiente publicación indicando fecha y hora de realización de la reunión plenaria de la Cámara alta.

Si bien el mecanismo de tratamiento ha sido ampliamente difundido y aplicado durante los últimos años, hay que recordar que se hizo la publicación de los antecedentes, se abrió un período para presentar apoyos o rechazos de los postulados y estos se presentaron en audiencias públicas para ser interrogados por los integrantes de la Comisión.

Ahora los senadores confeccionan un dictamen fundado, en el que se aconseja la aprobación o rechazo al acuerdo solicitado por el Ejecutivo. Este dictamen se trata en sesión pública, cuya fecha será debidamente informado a la población en forma anticipada.