Piden la intervención del Tribunal de Cuentas por cualquier irregularidad.
En los fundamentos, que surge a partir de la publicación del diario El Esquiú.com del pasado sábado, afirman que la iniciativa “tiene por finalidad la de establecer pautas que determinen el inconveniente de este cuerpo de concejales a algún tipo de maniobra espuria que se estaría elucubrando en el seno de la conducción de este honorable cuerpo de concejales, con la finalidad de ubicar en la planta de personal permanente y en altas categorías a varios funcionarios actuales, en la ya segura realidad del cambio de signo político, luego de más de 20 años en la presidencia del cuerpo deliberativo”.
En ese marco destacan que las designaciones y recategorizaciones que se realicen en el período de transición que va desde el 27 de octubre hasta el 9 de noviembre, deben realizarse en el marco estricto establecido en el Estatuto para el personal de la municipalidad y del concejo deliberante y en el reglamento interno del concejo. Y afirman que toda disposición que no cumpla con lo establecido será en el futuro considerado nulo e inexistente dejándose sin efecto.
Al tiempo dispone que el decreto sea girado al Tribunal de Cuentas para su conocimiento, donde hacen directos responsables a Hernández y al concejal electo, Gilberto Filippín.
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