De prosperar un amparo que presentaron cuatro diputados opositores, el gobierno provincial deberá convocar obligatoriamente a una audiencia pública para que la población opine sobre la prórroga de Loma Campana a YPF, en asociación con Chevron. La presentación se hizo en el Juzgado Civil 4, a cargo de María Eugenia Grimau, quien debe tomar una determinación en los próximos días, luego de que el Ejecutivo haga su descargo.

La acción de amparo es impulsada por Beatriz Kreitman (CC-ARI), Manuel Fuertes (NCN), Raúl Dobrusín y Alfredo Marcote (ambos del UNE-Corriente Unidad Popular). Los mismos diputados también intentaron frenar el tratamiento del acuerdo en la sesión legislativa de mañana con una medida cautelar, pero la jueza rechazó el pedido por considerar que “los mismos amparistas son quienes deben resolver la situación que alegan dentro del seno de la Legislatura”.

Grimau planteó que no está previsto “que sea un juez quien defina la conveniencia y oportunidad del tratamiento legislativo de un proyecto de ley”, sino que le corresponde a los propios diputados, respetando las mayorías y minorías electorales.

En nombre del MPN, el diputado Claudio Domínguez calificó al intento de “mamarracho jurídico”. Afirmó que sus pares buscan “impedir el normal funcionamiento de este poder del Estado” y les reprochó que, “si no les da la cabeza para darse cuenta de que existe la independencia de poderes, menos les va a dar la cabeza para analizar un acuerdo y plantear la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo”.

Sobre el amparo por la falta de una audiencia pública, Grimau declaró admisible la solicitud y dio traslado al fiscal de Estado, para que el Ejecutivo provincial presente su informe sobre el tema dentro de un plazo de dos días, es decir, hasta mañana. A partir de allí, la jueza resolverá si corresponde la convocatoria o no. La presentación judicial también apunta a obligar al gobierno a que difunda los detalles del acuerdo entre YPF y Chevron, que los diputados vienen reclamando desde hace un mes.

Ayer, en conferencia de prensa, Kreitman explicó que la intención con el amparo es que se cumpla el llamado a audiencia pública por el método de fractura hidráulica, tal como prevé el artículo 93 de la Constitución Neuquina y la legislación ambiental vigente. Explicó que, si bien ya existen este tipo de pozos en la provincia, “ahora se va a hacer en forma masiva”.

Amparo

“Al no tener la mayoría necesaria en el Poder Legislativo, pedimos la intervención de otro poder, el Judicial, para que haga de contralor”, argumentó Fuertes y recalcó que seguirán insistiendo en conocer “el acuerdo real, no la máscara”. En caso de que el amparo resulte desfavorable, hicieron reserva para recurrir a la Corte Suprema y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuertes informó que “también hemos planteado, en caso de que no se haga la audiencia pública, que de manera subsidiaria se establezca la inconstitucionalidad del Decreto 422”. Según el legislador, esa norma permite a las empresas evadir la consulta a la población como requisito previo a un emprendimiento con riesgo de contaminación.

Dobrusín puso énfasis en la votación de las primarias del 11 de agosto, donde se impusieron candidatos que se habían pronunciado contra el acuerdo YPF-Chevron. “La Legislatura que está funcionando ahora no representa esa elección de las PASO”, subrayó.