Los que sean deudores de la cuota alimentaria de sus hijos y los condenadas por abuso sexual, trata de personas, narcotráfico y violencia familiar no podrán ejercer la docencia. Así lo establece el anteproyecto de la nueva ley de educación que fue elaborada en la Cámara de Diputados y que todavía está bajo revisión. Los autores de la iniciativa intentan evitar que los culpables de esos delitos sean formadores de niños y adolescentes y quieren preservar a estos últimos de posibles ataques.

Las nuevas prohibiciones para estar al frente de un curso se conocieron ayer, en la presentación del informe que brindó la comisión especial de diputados, funcionarios, docentes y dirigentes gremiales que redactó el anteproyecto. Ahora, el documento será revisado íntegramente por sus autores y se calcula que a fines de noviembre ingresará a la Legislatura en forma de proyecto, para luego ser puesto a consideración en el recinto.

De acuerdo a lo que dice el anteproyecto, los responsables de abuso, narcotráfico, trata de personas y violencia familiar no podrán trabajar como docentes ni siquiera cuando hayan cumplido la sentencia que les impuso la Justicia Penal. Es decir, que la consecuencia de la pena sería de por vida para ejercer la profesión de docente.

En el caso de los divorciados que deban la cuota alimentaria, no se consigna expresamente que la inhabilitación sea para siempre. De ahí que se interpreta que podrían volver a la actividad cuando se pongan al día.

“Los responsables de formar a los niños deben tener un perfil y un currículum que permitan ser verdaderos orientadores y formadores, si cometieron estos delitos no pueden ser referentes”, aseguró ayer la ministra de Educación, Alicia García, a modo de argumento. Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada Cristina López, aseguró que “uno de los fundamentos es preservar el interés superior del niño”, a lo que agregó: “Se busca evitar que los chicos puedan ser víctimas de estas personas”. Y el diputado Pedro Mallea señaló que “un condenado por estos delitos no puede ser formador de valores si tiene sus valores distorsionados”.

Si bien aquí ya regía la inhabilitación para docentes penados por delitos de lesa humanidad y levantamiento contra el régimen democrático, San Juan podría ser pionera en ampliar las causas. La comisión redactora no encontró antecedentes en el país de restricciones para autores de los demás delitos y morosos de cuotas alimentarias.

En el anteproyecto no figura cómo se instrumentaría el sistema, porque eso se prevé en la reglamentación de la ley. Una alternativa es que el Ministerio de Educación revise periódicamente la planilla prontuarial de maestros y profesores en actividad y de los que va a incorporar. Otra posibilidad es que la Justicia le informe cada vez que condene a algún docente.

Para verificar si alguno no cumple con sus hijos, la consulta se hace en el Registro de Deudores de Cuota Alimentaria. Allí, la Justicia incorpora a los que no pagan en tiempo y forma.

La reforma se aplicará progresivamente, pero no se sabe desde cuándo. Todo depende de si es aprobada este año o el que viene, después de pasar por distintas comisiones en Diputados.