A través de un proyecto de ley, el legislador peronista Alejandro Victoria solicitó la elevación al 80% de la bonificación del boleto estudiantil de transporte terrestre urbano, interurbano y de línea regular, para ser utilizado en el servicio público de transporte automotor de pasajeros.

Para ello, las empresas deberán ajustarse al requerimiento y los estudiantes, docentes y no docentes de todos los niveles educativos deberán presentar un certificado fehaciente de su condición para acceder a la bonificación.

La bonificación en la adquisición del boleto estudiantil dará derecho a utilizar el transporte colectivo de pasajeros durante los días hábiles del curso lectivo, incluyendo las actividades a desarrollar en el turno contrario.

En su artículo sexto, el proyecto establece la creación del “Fondo de Bonificación Boleto Estudiantil”, con el único objeto de solventar los costos del mismo. El mismo se financiará con el 10% de las multas que perciba la Secretaría de Trabajo, más reasignaciones de partidas que se puedan realizar en el presupuesto provincial, aportes, donaciones y legados que se reciban de privados o públicos”, entre otras fuentes.

Justicia social

Según los argumentos de la iniciativa, que fue presentada el pasado miércoles, la educación “es herramienta y pilar fundamental de toda sociedad, por ser generadora de Justicia Social, por ser garantía de futuro y por ser además un deber del Estado es que proponemos bonificar el costo del boleto estudiantil para todos aquellos que de una u otra manera intervienen en la actividad educativa”.

El texto pone de manifiesto además que en Argentina “es un tema en agenda pública” la accesibilidad de la población educativa al transporte urbano y seguidamente cita algunos ejemplos de aplicaciones exitosas en provincias como Córdoba, la ciudad de Corrientes, Paraná y San Salvador de Jujuy, o Santa Fe.

Por tal motivo, Victoria entiende que “Santa Cruz no puede estar exenta del debate del boleto estudiantil que se da en todos los recintos del país” y expresa más adelante lo que la propia Constitución santacruceña ostenta en su artículo 81º: “La provincia concurrirá a los esfuerzos de los particulares, para que la enseñanza en sus diversos grados esté al alcance de todos sus habitantes”.