Al no aprobarse el presupuesto 2015, la planta de personal de la Administración Pública no puede ser alterada y deben mantenerse los números fijados para el año 2014. Para subsanar esta imposibilidad, el Gobierno busca como alternativa cubrir los cargos vacantes con los más de mil trabajadores que se abocaron, durante el 2014, al beneficio de la jubilación ordinaria.

En la mañana de ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Ricardo Aredes, mantuvo sucesivas reuniones con los demás ministros del Estado y el jefe de la Policía para informarse sobre las necesidades de personal de cada área y al mismo tiempo requerir la información de cuántos empleados administrativos se acogieron a la jubilación.

El área de Hacienda, durante los primeros días del año trabajó en la reconducción del presupuesto del año pasado, asegurando que tanto los ministerios como la Legislatura cuenten con los recursos para hacer frente a los sueldos y cubrir las necesidades con los excedentes que se reciban desde Nación.

Ahora trabajan en el principal escollo que significa reconducir el presupuesto sin posibilidad de incrementar el gasto en personal, es decir, no pueden realizar nuevos nombramientos, sino ajustarse a la misma planta del presupuesto reconducido.

De esta manera, la provincia no deberá salirse del número fijado en 42.023 cargos en planta permanente; 9.483 en planta no permanente; 177.779 la cantidad de horas cátedra para el personal docente de planta permanente y 24.868 el número de horas cátedra para el personal docente de planta temporaria.

Alternativa

Para salir de la coyuntura que les provoca no poder hacer designaciones, el Gobierno ve como alternativa nombrar personal en los cargos vacantes por la jubilación de personal en condiciones de hacerlo y que habían sido notificados en el 2013 para que iniciaran la tramitación correspondiente en el 2014.

Desde esa fecha y hasta finales del año pasado más de mil empleados de la Administración Pública, en especial del sector docente y salud, fueron quienes iniciaron el trámite y se vieron beneficiados con la jubilación ordinaria. Puntualmente se habían notificado alrededor de 1700 personas de la Administración Pública y aproximadamente 600 del nivel de educación.

Con esta medida, el Gobierno buscaba disminuir la cantidad de empleados que colapsaba la Administración Pública, buscando que aquellos que estaban en condiciones de hacerlo accedan al beneficio. La notificación se respaldaba en un decreto del 2009, durante la gestión de Eduardo Brizuela del Moral que establecía que después de los 90 días de ser comunicados, los agentes que no habían hecho el trámite quedaban “cesantes en los cargos que ocupan”.

Ahora el actual Gobierno designará personal, priorizando las áreas más sensibles, sin superar el número establecido para el 2014. No obstante ello, advierten que igualmente habrá necesidades que no podrán ser cubiertas a partir de que el bloque opositor de la cámara de Diputados decidió dejar en stand by el crédito para el presente año.