Unos días de descanso para calmar las agitadas aguas de la política. Después del martes de furia que protagonizó el gobernador, Francisco Pérez, todos los protagonistas del debate por las cuentas públicas se llamaron a silencio para el brindis navideño. El lunes todo vuelve a empezar, pero con la consigna del diálogo.

Es que en el Senado el oficialismo podría empujar sólo al menos dos de las tres leyes del paquete fiscal, pero no podría obtener autorización para tomar nueva deuda pública.

Los votos en el Senado le dan una luz de ventaja al Frente para la Victoria (FpV): son 18 escaños propios, al que se suma el aliado amstutcista Néstor Márquez.

Hay quienes suelen contar entre los aliados al senador del Frente Renovador Gustavo Valls. Si ese voto estuviera convencido, entonces el oficialismo lograría 20 votos; si no lo contara, entonces serían 19, la mitad de la cámara y desempataría el vicegobernador Carlos Ciurca.

Con esa cuenta bajo el brazo, el oficialismo enfrenta la sesión especial del martes a las 10 con cierto optimismo. De hecho, en el radicalismo asumen como inevitable que el FpV apruebe Avalúo e Impositiva.

Pero el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Javier Cofano, mostraba una postura conciliadora, ajena a la imposición del número, y decía: “Vamos a empezar a hablar el lunes con el radicalismo. No queremos generar más conflicto”. 

Suavizar la pelea con la UCR no es un gesto de generosidad democrática. Es que los radicales tienen aún una carta constitucional para detener el ímpetu del peronismo. La aprobación de todo nuevo endeudamiento requiere de dos tercios de los votos. Y el oficialismo apenas llega a la mitad. Necesita sí o sí al radicalismo.

El camino de las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2015 ha sido sinuoso y conflictivo. El lunes, después de una larga jornada de idas y venidas en la Cámara Baja, el oficialismo se fue del recinto y el radicalismo, con el quórum que le dieron los tres diputados del

Frente de Izquierda y la del Frente Renovador Evangelina Godoy, votó las tres leyes a su gusto, desatando la furiosa reacción de Pérez del martes.

La realidad es que las cartas estaban sobre la mesa de antemano. Todos sabían que el radicalismo es reacio a aprobar endeudamiento y a rebajar la alícuota de Ingresos Brutos a las empresas petroleras. Todos sabían que el PJ quería buscar un atajo para dejar sin efecto la ley 8.619, en la que se consagra la cobertura estatal de las campañas electorales y que toda la oposición quería impedirlo.

Por eso es que era difícil llegar a un acuerdo. Las urgencias electorales ponen a oficialismo y oposición en distintas veredas y cuando se trata de supervivencia, es fácil perder los modales.

El 17 de noviembre, Los Andes informaba acerca del gran motivo que empujaba a los intendentes oficialistas a querer desdoblar. La ley 8.619 sólo le otorga a los aspirantes a las comunas un 20% de los recursos publicitarios que disponga el Estado para la publicidad.

Ese porcentaje resulta muy exiguo para sostener una profusa campaña electoral como la que habitualmente llevan adelante los caciques comunales y sin publicidad profusa no hay captación de votos, más aún con un panorama electoral provincial y nacional aún sin definiciones que garanticen el arrastre.

Pero, además, la ley prohíbe el aporte privado, para evitar los condicionamientos futuros para devolver favores. Poca publicidad y sin poder contratar por si mismos desató la resistencia de algunos intendentes, particularmente del PJ.

Con todo ese panorama de fondo, se entiende el voto radical en Diputados y también la reacción furibunda de Pérez, quien de pronto se encuentra (como gobernador y presidente del PJ mendocino) al frente de un barco al borde del motín.

Ahora, las tres leyes tienen media sanción de Diputados. En el Senado es posible que el oficialismo pueda mantener la calma ante la esperanza que le da una mínima ventaja en los números. Pero esa ventaja no es absoluta, resulta inevitable negociar con los radicales si quieren mantener la paz y obtener la gracia de los dos tercios para conseguir permiso para endeudarse y cerrar las cuentas (ver aparte).

El martes es casi un hecho que el oficialismo podría aprobar Avalúo e Impositiva. Al haber citado a sesión especial, el oficialismo se salteó la obligación de juntar dos tercios de los votos para lograr el tratamiento sobre tablas. Y para lograr la aprobación, con garantizarse la presencia de todos sus legisladores y el de su aliado amstutcista, obtendría una luz, pero debería sí o sí aprobar las leyes como vienen de Diputados.

Es que las modificaciones devolverían los proyectos a Diputados y en esa cámara, el radicalismo tiene la mayoría simple para insistir con su sanción original; el Senado, si quisiese sostener modificaciones, necesita juntar dos tercios de los votos. Una pequeña ventaja constitucional de la que goza la cámara iniciadora de un expediente.

Con Avalúo e Impositiva, el Frente para la Victoria estaría dispuesto a hacer el sacrificio de aprobarlas como vienen. Y luego generar una estrategia para bajar la alícuota de Ingresos Brutos a las empresas petroleras del 5% al 3%.

En el Presupuesto, no hay sacrificio posible, porque no hay en el peronismo voluntad de aceptar lo inevitable de la ley 8.619. Es posible que, a la hora de votar el presupuesto, los oficialistas se retiren del recinto y, esta vez sí dejen sin quórum la sesión.

Avalúo e Impositiva también pueden prorrogarse

La realidad es que no hay tampoco urgencias para aprobar las leyes antes del 31 de diciembre. Algunos oficialistas agitaban el fantasma de que si no se aprueban Avalúo e Impositiva la Provincia no podría recaudar impuestos el año que viene y eso la dejaría hundida en el caos por falta de recursos.

El segundo párrafo del artículo 154 del Código Fiscal de Mendoza dice que “si aún no se hubiere dictado la ley Impositiva aplicable a ese ejercicio fiscal, se tributará el mismo importe del año anterior, sujeto a reajuste”. Es decir, en caso de no sancionarse la versión 2015, se aplica la Impositiva 2014 y se declara el pago a cuenta de futuros incrementos. 

Lo mismo sucede con el Presupuesto. De hecho, la pauta de gastos para 2014 recién se aprobó en julio pasado y la Provincia siguió funcionando con el de 2013, reconducido.

Los problemas pues siguen siendo la partida destinada a financiar la campaña electoral (esa que desata la rebelión de los intendentes) y la autorización a tomar endeudamiento.

En caso de que los senadores del oficialismo avanzarán en aprobar el Presupuesto sin el apoyo radical, deberían resignar los $ 1.000 millones para construir la nueva cárcel en Cacheuta, los $ 750 millones para amortizar deuda (remanente no utilizado de la autorización de este año) y todos los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La otra opción sería acordar todo, sacar el presupuesto 2015 con deuda y la partida para las campañas electorales y luego que el Gobernador vete lo que crea conveniente. 

Pero eso sería abrir la puerta al infierno, sobre todo cuando muy probablemente habrá necesidad de tomar más préstamos , que requerirán autorización legislativa, después de que el Ejecutivo cierre las paritarias con los estatales. Eso sin contar las demandas penales a las que se verán sometidos los funcionarios del Ejecutivo, por no cumplir con una ley vigente.