La semana pasada hubo allanamientos en todas sus oficinas por presunta evasión de $1.200 millones y ayer recibió fuertes críticas de Cristina Kirchner en Twitter. La cerealera ratificó que cumple con sus obligaciones impositivas y contó que el 20 de septiembre hubo un encuentro entre funcionarios y directivos de varias compañías en las oficinas del Afip, donde "se exigió a las empresas del sector el pago de un anticipo extraordinario de impuesto a las Ganancias, advirtiendo que la falta de ello implicaría la generación de serios problemas a las compañías y a sus directivos".
Frente a la denuncia realizada por la AFIP contra la cerealera Bunge por supuesta evasión tributaria y los ataques de la presidenta Cristina Kirchner a través de su cuenta de Twitter , la empresa reiteró que “cumple con todas sus obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales” y denunció que el Gobierno los presiona para pagar un anticipo extraordinario de Ganancias.
Tras las críticas de la mandataria, quien ayer escribió "increíble, cuanto más ganan más evaden", Bunge salió a responder con un comunicado de prensa donde consideró “falaces" las declaraciones de funcionarios estatales y calificó de "prejuzgamiento que se pretende instalar en la sociedad”. Aclaró que sus operaciones son “fiscalizadas por auditores externos, de acuerdo a normas internacionalmente aceptadas” y precisó que lamenta “tener que hacer notar la coincidencia de este operativo con la reunión convocada por altos funcionarios del Gobierno Nacional y realizada el día 20 de Septiembre pasado en la AFIP”.
En ese encuentro, según el diario El Croista, indicó que “se exigió a las empresas del sector, entre ellas, a Bunge Argentina, el pago de un anticipo extraordinario de impuesto a las Ganancias –no amparado en norma alguna–, advirtiendo que la falta de pago implicaría la generación de serios problemas a las compañías y a sus directivos”. “No podemos dejar de relacionar este grave hecho con el allanamiento realizado y las imputaciones formuladas”, advirtió la empresa.
Mediante el comunicado, la cerealera enfatizó que desarrolla su cometido en el marco de la Constitución Nacional, las leyes y las reglamentaciones administrativas, aduaneras y fiscales –incluyendo las normas de precios de transferencia– que regulan su quehacer. “En este punto –agrega– debe hacerse notar que el Estado Nacional controla y autoriza en todo momento sus operaciones de comercio exterior, estableciendo, incluso a los fines tributarios, los precios de mercado de los productos que comercializa”, indicó la firma.
A su vez, la empresa precisó que en los años 2006 y 2007 pagó impuesto a las ganancias por más de $ 246 millones y que en 2008 obtuvo pérdidas, pero que, sin perjuicio de ello, pagó el impuesto a la ganancia mínima presunta por más de $ 33 millones. “Finalmente, el año pasado, y a raíz de ilegítimos reclamos de la Aduana al sector agroexportador, Bunge debió constituir una previsión de más de $ 426 millones que le produjo una pérdida en su balance impositivo, pagando de todos modos más de $ 30 millones de impuesto a la ganancia mínima presunta”, detalló.
Respecto del allanamiento y el secuestro de documentación realizado días atrás, sostuvo que “no aporta al Estado Nacional elemento alguno que Bunge Argentina no hubiera puesto a disposición de las autoridades fiscales con anterioridad”. “Por lo demás, la documentación secuestrada tampoco aporta elemento de juicio que pueda sustentar la imputación de delito alguno. De tal modo, no existió fundamento para justificar el allanamiento de nuestras oficinas”, añadió la compañía.

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