Existe un grave problema institucional, por la falta de una normativa que desde el Gobierno establezca las pautas para abordar este y otros casos de violencia intraescolar. Esto dicen tanto desde la representación mendocina de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), como desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, después de hacerse público el caso de la nena cuya mamá denunció que debió sacarla de la escuela Patricias Mendocinas porque era hostigada por sus compañeras, al menos, desde 3º grado.

Sin dejar de reconocer su preocupación por la lesión a la integridad de la menor, los representantes de los docentes aseguraron: “Muchas veces, las maestras no saben qué mecanismos activar, cómo actuar, y por eso las situaciones quedan libradas a su voluntad y criterio para tomar medidas”.

“El Estado debe definir puertas adentro de las instituciones los canales necesarios para actuar. Recién ahora se está armando el protocolo que, por otro lado, contempla a los alumnos como sujetos, dejando fuera las múltiples situaciones en que los docentes son víctimas”, expresó Roque Yadala, secretario de UDA, y añadió: “la falta de prevención refleja una negación de la violencia escolar”.

En ambos sectores manifestaron que la carencia de documentos que estipulen cómo resolver estas situaciones y la escasa experiencia frente a situaciones de bullying podrían ser argumentos de la directora (María Luz Cerdá) al momento de exponer su defensa en la Junta de Disciplina de Nivel Primario, que sigue la investigación para determinar cuál es el futuro de esta autoridad.

“El caso debe ser un antecedente para discutir un problema extendido: al Gobierno le planteamos en reiteradas oportunidades la necesidad de una normativa clara, que incluya la voz de los docentes, que en el protocolo no fueron considerados. El docente también está desprotegido”, añadió Adrián Mateluna, del SUTE, gremio al que Cerdá se encuentra afiliada. El sindicalista dijo que hasta el momento la directora no requirió asesoramiento legal.

Qué puede pasar

Para Yadala, “las declaraciones de la directora fueron inconvenientes. De las cosas de los niños somos responsables los mayores, también si estamos frente a un aula. El niño/a forma su carácter en base a su entorno social, educativo y familiar, por lo que, de alguna manera, con nuestra irresponsabilidad, lo condicionamos”.

Y reiteró que detrás de esta situación de la escuela Patricias Mendocinas, “se esconde un grave problema por la falta de prevención de eso que en principio parte de un juego, pero que puede terminar en un desastre como un suicidio o una matanza”.

Sobre la situación de la directora, lo que evalúa la Junta de Disciplina, Yadala explicó que también hay relación con la falta de experiencia y normas en estos casos. Cerdá podría tener “una responsabilidad administrativa por negligencia, pero no mucho más que eso”, aunque el hecho de que la afectada sea una menor es también determinante.

El representante de UDA explicó que la suspensión mientras se realiza la investigación, es un tiempo sin ocupar el cargo ni gozar de los haberes y si no se comprueba su culpabilidad, se la reintegra al cargo, compensando los meses de falta de pago. En los casos más graves el Estado puede decidir exonerarla.