La idea, que recibió acuerdo durante el Congreso realizado en la Legislatura neuquina, prevé realizar un “seguimiento sistematizado y aporte de información y datos estadísticos a los órganos del Estado provincial encargados de elaborar políticas públicas en la materia”. Se estima que funcionará bajo la órbita del COPADE. De hecho, el funcionario del organismo, Sebastián González, tomó el desafío.

González concurrió al Congreso para aportar un tema clave. Se prevé que Neuquén recibirá en los próximos años una oleada migratoria que será posiblemente superior a las recibidas en las décadas del ’60, ’70 y ’80 del siglo pasado. Lógicamente, provocará una inédita demanda educativa.

COPADE prevé que la población crecerá cerca de un 48% debido a la gran cantidad de familias que se radicarán en territorio neuquino atraídas por el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. Habrá, en concreto, 480 mil habitantes más que ahora, concentrados entre Añelo y la capital neuquina.

Así, estos dos temas aparecen como trascendentes de lo mucho que se ha debatido hasta ahora en torno a la preparación de la Ley de Educación para Neuquén. Tanto la fiscalización con datos permanentes del sistema, ejercida desde afuera, como la previsión de incluir en la ley mecanismos de acción rápida de adecuación a demandas fuertes del servicio educativo, son muy importantes.