Pasar de un 24 por ciento dividido en tres escalones, a hablar ahora de un 28 por ciento que arranca ya y se completa en junio parece una propuesta demasiado tentadora para los gremios de trabajadores estatales. Y en principio daría la impresión de que la oferta será finalmente aceptada, al menos por los docentes.

Eso dejó traslucir ayer Juan Monserrat, secretario adjunto de la UEPC, insistiendo en que la propuesta “debe ser atendida”, una forma bastante discreta de admitir que están encantados.

En congruencia con esta postura, justamente ayer comenzó a ser debatida en plenarios la oferta del Gobierno que consiste en un incremento de entre el 27,5 y el 28 por ciento anual, con un 16,5 desde febrero, a lo que se le sumará un 11 por ciento en junio.

Entusiasmado con la propuesta que lograron poner sobre la mesa, el secretario general de la gobernación Ricardo Sosa se mostró optimista. “Hemos acercado una oferta muy buena y razonable, con lo cual esperamos no tener problemas con el inicio de clases”, respondió ayer en rueda de prensa.

En ese sentido, confirmó que de aprobarse la propuesta se cerraría “absolutamente un acuerdo anual, sin cláusulas gatillo”. Ideal para un año eleccionario.

Para los docentes la cifra se endulza aún más teniendo en cuenta que ayer la conducción nacional de CTERA acordó en Buenos Aires una suba del 27% para el año (acá en Córdoba “arañan” medio puntito más), pero lo más interesante es que los actuales 165 pesos de incentivo docentes pasarán a ser 215 en el primer tramo del ciclo lectivo, y luego crecerán 255 durante la segunda mitad.

Para el SEP lo mismo. Los nucleados en el Sindicato de Empleados Público aguardan con expectativa la evolución de la negociación con los docentes, a sabiendas de que a ellos les espera algo parecido.

Esto último lo confirmó también ayer Sosa, al decir que para el SEP están “trabajando en el mismo sentido, pero resolviendo las particularidades que tiene cada gremio”. En otros términos, la idea es mantener la misma estructura del 16,5 ya más el 11 en junio, pero adaptarla al escalafón.

Si bien desde el sindicato no se dan por enterados porque de momento sólo les fue comunicada la oferta anterior (del 8+8+8), sin dudas la propuesta no les cae para nada mal. “Es una propuesta un poco más razonable”, dijo Marcelo Soria, dirigente del SEP, aunque aclarando que “habrá que ver cómo son los porcentuales, y si están hablando sobre el bruto conformado o sobre el básico”.

De cualquier modo, ni bien oficializada la propuesta se pondrá a consideración del plenario de delegados, algo que tendría lugar el próximo viernes. Mientras tanto, el plan de lucha continuará hoy con una movilización desde la sede del gremio (Corro 269), probablemente hacia el centro de la ciudad, dependiendo del clima y de la capacidad de convocatoria.

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Personal superior, de acuerdo

El otro gremio estatal que nuclea a los empleados de rango más alto en la administración público, la Unión de Personal Superior, estaría también muy cercano a cerrar un acuerdo con la Provincia.

La propuesta del Gobierno es muy similar a la de los docentes, y consiste en una suba promedio del 16,61% en febrero, a la que se sumará un 11,07 en junio, lo que al final conformaría un 27,69 para todo el año.

Estas cifras corresponden al tramo superior del escalafón general, y promedia una suba de 1.797 pesos al final del año.

Las cifras son algo más exiguas para el caso de los contratados, que recibirían un tramo de 11 por ciento seguido de uno del 7,50, totalizando en el año una mejora del 18,5 por ciento. Para ellos, el aumento promedio será de 696 pesos.

En total, las mejoras salariales para el personal superior le costarán a la Provincia 5,68 millones de pesos.

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Los judiciales van por la porcentualidad

Quienes no tienen el mismo entusiasmo ante los números en danza son los judiciales, que se consideran “un gremio aparte con trabajadores con características diferentes a las de los otros dos”, según la definición de la titular de la AGEPJ, Irina Santesteban.

“No queremos que nos vuelva a pasar lo del año pasado, que nos dieron un 24,5 por ciento, y los jueces se subieron un 36”, señaló la gremialista, insistiendo con la porcentualidad con la que se benefician los magistrados pero no los empleados.

Con esto pretenden ser partícipes de lo que acordó el Tribunal Superior para todos los magistrados, que en el plazo de un año ya deberán tener sus salarios enganchados con los de la Justicia Federal en un 90 por ciento.

El pedido de los empleados de Tribunales se viene repitiendo en los últimos años, y tiene por horizonte el plazo que se cumplirá el 1º de enero de 2012. Para esa época, los actuales 28 mil pesos que cobran los vocales del TSJ deberán elevarse hasta 40.500 para dar cumplimiento a es proporcionalidad, esto sin contar los aumentos que pudieran otorgarse este año.

Esto permite estimar un aumento de al menos un 40 por ciento durante 2011, del que van a gozar los magistrados del poder judicial, cifra muy superior a los 27,5 de oferta a los estatales, que ya los judiciales están rechazando de antemano. En el horizonte inmediato, hoy a las diez de la mañana está programado que el titular del TSJ Domingo Sesín les acerque la propuesta salarial, que se debatirá luego a partir de las 14 horas. Pero ya anticiparon un rechazo.