Brizuela, acusado por la Fiscal María Inés Loyola por el delito de peculado, prestó ayer declaración testimonial informativa ante el juez de Instrucción Formal de Cuarta Nominación Antonio Pastrana, quien no admitió un pedido de la fiscal Loyola para que la declaración de Brizuela sea en carácter de indagatoria.

Las 90 hectáreas de La Ciénaga fueron aceptadas como parte de pago de una deuda de dos particulares con el ex banco Provincial de Salta, por $ 1.100.000. Luego fueron ingresadas al patrimonio de la Provincia para ser destinadas al Programa Familia Propietaria, según lo establece el decreto 1.297 del año 1.998.

Entre el 4 de febrero y el 16 de febrero del año 2004, el Estado provincial resolvió la venta de esas tierras a otro particular (José Luis Agustoni) que ofreció por ellas $460.000 a cambio de 12 hectáreas en la zona del colegio San Pablo. De los trámites participaron entonces el interventor del Instituto de la Vivienda Rubén Fortuny, el ex director de Inmuebles Lucas Amado y el ex secretario de Ingresos Públicos, Carlos Abeleira, quienes en 12 días aceptaron la oferta de Agustoni, tasaron el inmueble, dieron conformidad al monto ofrecido por la permuta.

Cuatro meses después José Luis Agustoni vendió las 90 hectáreas Prados de Atocha por $100.000 y cinco años después Prados de Atocha, vendió las 90 hectáreas de la Ciénaga en $100.000 a Estancia El Carmen, empresa que preside Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador Juan Carlos Romero. Mientras toda esta operación se hacía, se construyó la circunvalación Oeste que revalorizó las tierras y Estancia El Carmen incluyó los clunes de campo entre su objeto comercial.

Brizuela, junto con las escribanas Laura Inés Wayar y Cecilia Pérez de la Fuente, habían actuado y dado fe de las operaciones inmobiliarias en las que intervino el IPDUV (Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda), y la empresa Estancia El Carmen. Pérez de la Fuente, que trabaja en la escribanía particular de Brizuela actuó además como directora suplente de Prados de Atocha, la empresa que compró La Ciénaga en $100.000 a José Luis Agustoni.

Brizuela fue ayer al detalle fino de los decretos y argumentó que si bien las tierras se incorporaron al patrimonio del Estado con destino a Familia Propietaria, nunca se dictó un decreto específico que les asigne ese destino. Cabe recordar que Brizuela que fue escribano de gobierno, interventor del IPV, ministro de la Producción y finalmente ministro de Gobierno y coordinador del gabinete durante los doce años de gestión de Juan Carlos Romero, admitió ya que el entonces responsable de Familia Propietaria tuvo a su cargo el inmueble, pero que nunca logró llevar gente a vivir a esas tierras.

Además, la semana pasada se conoció un dictamen de la Sindicatura de la Provincia, firmado por la abogada Laura Chinchilla, que el 13 de febrero de 2004, justo en la franja de tiempo que intervinieron Fortuny, Abeleira y Amado, que advirtió al ministerio de Hacienda sobre la falta de normativa para la permuta de la Ciénaga por las tierras que ofrecía Agustoni.

Chinchilla señaló entonces que "el decreto 1297 del año 1998 por el que el Banco Provincial de Salta había incorporado las tierras al patrimonio del estado provincial con destino a Familia Propietaria no existiendo otro antecedente en autos, de decreto rectificatorio que establezca su ingreso o destino al remanente del patrimonio del ex BPS”.