De cara a la realización de la Cumbre del Mercosur, que se desarrollará el 16 y 17 de diciembre en Paraná, existen algunas dudas en relación a la competencia que tendrá la Policía de Entre Ríos en la denominada “zona protegida”, que tiene ocho cuadras a la redonda, en cercanías del Parque Urquiza.

En este sentido, D’Agostino indicó que “cuando en el territorio nacional, incluso en la Capital Federal, se producen este tipo de acontecimientos que requieren de un alto nivel de seguridad (la cumbre contará con la presencia de alrededor de 10 mandatarios), funcionan lo que se denominan convenios de cooperación entre las policías”.

“El Gobernador (Sergio Urribarri) ha manifestado que habrá dos mil efectivos, a los que se sumarán otros mil que pertenecen a fuerzas nacionales, e incluso se puede solicitar, por ejemplo, que vengan efectivos de Santa Fe o de otra provincia para que contribuyan en la garantía del orden y la seguridad, ya que todas las policías  provinciales tienen convenio de cooperación para casos extraordinarios como este”, indicó.

A esta cantidad de efectivos hay que sumarle “los efectivos de las policías nacionales que trae cada delegación presidencial”, sostuvo, y estimó que “cada presidente llegará con por lo menos con 100 efectivos, que suelen venir una semana antes”.

Consultado por esta Agencia, D’Agostino señaló que “si se produce algún robo en la zona protegida, la competencia y la jurisdicción de cada una de las policías no cambia, por lo que en ese caso seguirá actuando la Policía de Entre Ríos”.

Es decir, “no hay posibilidad de modificar, por un evento, el carácter de la jurisdicción”, aseveró, y agregó: “Si el delito es ordinario, actúa la jurisdicción ordinaria, mientras que si el delito es federal, actúa la federal, sea quien sea que atrape al delincuente”.

Censos y huellas

En relación al censo que se le realizó a los ciudadanos que viven en la zona protegida, D’Agostino manifestó: “Desde el punto de vista de la teoría y de la doctrina se podría decir que esto violenta la intimidad, altera la normalidad del vecino y alguien podría asegurar que se necesita una orden de allanamiento, pero hay que entender que es un evento extraordinario y que se pretende evitar problemas para que todo transcurra con normalidad, por lo que hay que estar dispuesto a ofrecer la mayor colaboración posible, aunque no nos guste”

“Se supone que todo esto es para bloquear los ingresos y egresos en la zona de seguridad, pero alguien podría decir que tiene su DNI en regla y que si los que censan quieren tener más datos, acudan al Registro Civil”, acotó.

Con respecto a la toma de las huellas digitales a quienes viven en la zona de exclusión, D’Agostino sostuvo: “Entramos en los bordes, ya que el ciudadano tiene derecho a cuestionar que se lo re-identifique porque está viviendo en una casa que está registrada, pero creo que por la magnitud del evento vale hacer este sacrificio”.

Cuando esta Agencia le preguntó, el letrado señaló que un vecino podría presentar algún tipo de amparo, ya que se puede tratar de una “sobreabundancia de identificación” porque ya tiene su DNI en regla con su domicilio y las huellas digitales tomadas, pero admitió que no cree que la eventual presentación judicial avance.

“Se podría estar en un marco de excesos para compensar la vulnerabilidad y la debilidad de la infraestructura de Paraná”, pero tal vez la magnitud del evento lo justifique, admitió luego.

Finalmente manifestó que “en el caso de una agresión a un presidente actúan las fuerzas federales, ya que se estaría hablando de una tentativa de magnicidio”.