La Comisión Nacional de la Verdad, organismo oficial pero independiente del gobierno de Brasil, que fue creado para investigar los crímenes dictatoriales, inició el análisis de cinco casos de empresas que fueron perseguidas por el régimen militar (1964-1985). Se trata, según dijeron los miembros de esa entidad, de una nueva línea de averiguaciones cuyo objetivo es saber qué pasó con compañías que fueron deliberadamente llevadas a la quiebra por los sucesivos gobiernos militares.

La aerolínea Panair es emblemático. Fundada en 1929 por capitales norteamericanos, en 1961 pasó a ser propiedad de dos empresarios brasileños: Mario Wallace Simonsen y Celso da Rocha Miranda. Ambos tenían buenas relaciones con el ex presidente Juscelino Kubitschek, que gobernó Brasil entre 1956 y 1961, vínculo que habrían desencadenado la furia dictatorial. En 1965 el primero de los presidentes militares, Humberto Castelo Branco, le quitó a Panair todas las rutas que cubría (entre otras a Europa y Estados Unidos). Esto produjo el cierre inmediato de la aerolínea que dejó de volar el 10 de febrero de ese año y debió despedir a sus 5.000 empleados.

El derrumbe de Panair favoreció a su competidora Varig, aerolínea que a su vez desapareció en 2005 y fue absorbida por Gol. La empresa, al mando de Rubem Berta, quién la controlaría durante dos decenios, asumió de inmediato todas las rutas quitadas a Panair. De acuerdo con miembros de la Comisión de la Verdad, Varig había tenido una participación durante el golpe de Estado de 1964, al ayudar en el transporte de militares que tramaban deponer a Joao Goulart, ex vicepresidente que debió asumir el Poder Ejecutivo luego de la renuncia de su titular Janio Quadros, en 1962.

Una de las integrantes de la Comisión, Rosa Maria Cardoso da Cunha, consideró que hubo una “decisión” de favorecer a unos grupos empresariales en desmedro de otros. “Lo demuestran tesis académicas”, indicó. Estos casos inauguran una serie de audiencias que deberán oir y registrar los relatos de los empresarios perseguidos. En la actualidad, algunas víctimas han fallecido, pero quedan sus descendientes para contar el drama vivido. Entre las empresas cuyos nombres trascendieron se encontraría la TV Excelsior, a la que el gobierno del general Emilio Garrastazú Medici le retiró la concesión. Esa emisora era propiedad de Simonsen.