Vale recordar que el concejal del bloque Causa Popular-Kolina, Marcelo Castillo, envió una consulta al Tribunal de Cuentas bonaerense para determinar la viabilidad jurídica de la cuestionada normativa. Dicho Tribunal elevó sus conclusiones poco favorables para la Ordenanza promovida desde el oficialismo municipal, pero ese diagnóstico tardó meses en llegar a manos del concejal solicitante, en un accionar que denunció como ocultamiento de información por parte oficialismo.

Con estos antecedentes, en la última sesión deliberativa, el edil de Kolina presentó un proyecto para derogar la norma en cuestión (Ordenanza 1535), aunque en su intervención prefirió no hacer hincapié en el ocultamiento de la correspondencia proveniente del Tribunal de Cuentas, sino en los fundamentos de esa solicitud de derogación. Refutando a quienes afirman que el Tribunal de Cuentas es de carácter no vinculante, Castillo remarcó que si con la norma “se compromete el erario municipal sí tiene la facultad de intervenir”.

Posteriormente, repasó algunos pasajes de la conclusión hecha sobre el Tribunal de Cuentas, el cual señaló que la mencionada toma de posesión de esos predios por parte del municipio se trataría de “mala fe”, ya que se reconoce que poseen propietarios, con lo cual se podría vulnerar el “Derecho a la Propiedad”.

Asimismo, la cuestionada Ordenanza faculta al Ejecutivo a otorgar estos inmuebles en comodato oneroso, algo que el Tribunal de Cuentas también cuestiona ya que, según el Código Civil, el bien a entregar tendría que ser gratuito y “no oneroso”.

A raíz de estas conclusiones es que Castillo apeló a dejar sin efecto la Ordenanza, más aún argumentando que el intendente ya tiene “facultades para cumplir con el objetivo que pretende que es custodiar los predios del distrito. Basta ver la Ordenanza General 38 de la provincia”. Esta norma dice en uno de sus articulados: “Los intendentes podrán disponer la ocupación de lotes o fracciones de terrenos baldíos ubicados en la planta urbana en estado de abandono y por razones de higiene o seguridad afecte los intereses de la comunidad”. En otro pasaje, esa Ordenanza General 38 detalla que la ocupación “se mantendrá hasta tanto los propietarios regularicen su situación respecto a los inmuebles, convirtiéndose la municipalidad en depositaria de los mismos”.

Así, Castillo dice que esa Ordenanza General le da facultades al intendente de resolver esos temas y “no estaríamos cometiendo una norma (por la Ordenanza 1535) que no está del todo clara y que fue muy objetada por el Tribunal de Cuentas y con el riesgo cierto de sufrir cargo por parte del mismo para aquellos funcionarios que la ejecuten y entiendo yo también a los concejales que voten a favor de la misma. Trabajaremos en comisión para hacer, si se puede, una Ordenanza superadora”.

Derogar no, modificar tal vez

Desde el bloque oficialista, el concejal Edgardo Badano estimó que “no es necesario” derogar la Ordenanza 1535, aunque “sí por ahí podemos modificar alguna parte, creo que lo único que por ahí va en contra de lo que dice la Ley es que no debe ser la cesión de los terrenos a título oneroso sino gratuito”.

A su vez, defendió el objetivo de la norma ya que “las usurpaciones traen problemas de inseguridad al municipio”. Luego, mencionó que, a diferencia de la Ordenanza General provincial Nº 38 que citó Castillo, la Ordenanza 1535 otorga más “garantías al propietario” ya que la normativa contempla, además del estado de abandono del predio, las deudas en concepto de tasas para que el municipio pueda ocuparlas

Ante esto, Castillo insistió en que “el municipio no puede poseer”, sino que “puede vigilar y ser depositario del bien”. “El camino es por juicio de apremio y si no es positivo para las arcas municipales se debería someter a la subasta del predio”, remarcó.

Mejorar la norma

Por su parte, el presidente del bloque UCR, Raúl Paz remarcó que el Tribunal de Cuentas tiene competencia administrativa y no judicial sobre un hecho de estas características y subrayó: “Nosotros compartimos en aquel momento el espíritu de la norma, no la redacción que nos parecía que dejaba que desear porque hablaba de cuestiones que para nosotros no podían realizarse. Pero sí el espíritu porque es ocupar y tomar posesión a los fines de la seguridad, no para quedarse con los terrenos, no es la idea engrosar el patrimonio municipal con terrenos que no pagan, porque para eso tendría la vía del apremio, lo remata y se haría del dinero o en algunos casos especiales, reuniendo una serie de requisitos, hasta quedarse con el predio”.

“Es distinto ocupar por ocupar para engrosar patrimonio que ocupar por razones de seguridad hasta tanto salga el juicio de apremio o el titular registral pague su deuda”, insistió para mencionar luego el desacuerdo con la Ordenanza cuando estipula que si el municipio construye en un terreno y el propietario después paga la deuda, también debe abonar por lo construido: “Eso es una falacia”, advirtió.

En este sentido, sugirió que “la norma debiera modificarse en algunas cuestiones que son imposible llevarlas a cabo y que llevarían un perjuicio al municipio, no en su espíritu”, al tiempo que observó que “es un tema interesantísimo para debatirlo”, apelando a “hacer las consultas pertinentes y mejorar la norma para que quede una que sea aplicable en todos los casos y lograr la mejor norma”. Cerrado el debate, el proyecto pasó a la comisión de reglamento.