Ayer a esta hora, el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Armando Andruet, se sentía “como esos corredores que están por llegar a la meta y 10 metros antes se quiebran el tobillo”. Así lo graficó él mismo en diálogo con Mitre 810 , cuando le pedían explicaciones por el papelón causado ante la insólita demora en la carga de los datos del escrutinio de las elecciones del domingo. “Lo sucedido con el Correo es lamentable”, se defendió, asegurando que aún no lograba “superar el malestar, y la ciudadanía tampoco”.

Los demás miembros del alto tribunal tampoco encontraban sosiego luego de la maratónica tarea que significó la organización del proceso electoral, la implementación de la boleta única, la capacitación de los docentes y la puesta en funciones de los fiscales públicos electorales.

Todo para que al final todo termine como un bochorno.

Acordada bomba. Seguramente por esa razón todos firmaron convencidos la acordada en la que anoche resolvieron “formalizar y profundizar la investigación administrativa” con el objetivo de esclarecer los motivos de la terrible demora en la carga de datos.

En el mismo documento, que se conoció pasadas las 20, ordenaron también el aseguramiento y preservación de todos los elementos técnicos relacionados con el escrutinio, “que quedarán bajo guarda y custodia del Poder Judicial”, lo que incluye servidores, almacenamiento, software, elementos de comunicación y procesamiento de imágenes, entre otros.

Y lo más jugoso: unilateralmente resolvieron “suspender el pago del 50 por ciento restante del monto de la contratación”, haciendo a su vez reserva para instrumentar “posibles sanciones pecuniarias por el incumplimiento de las responsabilidades que pudieran existir”.

¿De cuánta plata se está hablando? No es poca cosa. El contrato que firmó la Justicia cordobesa con el Correo asciende a 9,86 millones de pesos, cifra que incluye no sólo el costo del escrutinio provisorio, sino también la provisión de urnas, cabinas de votación, papelería, formularios, notificaciones, despliegue y repliegue de urnas, y armado de la Sala de Prensa en Tribunales I.

De esa cifra se pagó un 30 por ciento al momento de la adjudicación, un 20 por ciento dos días antes de los comicios, y estaba prevista la cancelación del 50 por ciento restante una vez finalizado el servicio, luego de un informe acerca del cumplimiento íntegro del contrato.

Cumplir, pero mal. Sin ningún tipo de excusas y con una suerte de honestidad brutal, al gerente de Servicios Electorales de Correo Argentino Rolando Visconti no le quedó otra ayer que ponerle el pecho a las balas y hacerse cargo. “No tengo explicación. Estamos investigando para ver qué pasó. Dijimos: vamos lento, lleguemos al final y luego investiguemos para ver qué pasa”, señaló.

En ese sentido, aseguró que el programa de carga de datos fue probado en tres ocasiones y siempre respondió “en perfectas condiciones”. Sólo se contentó con decir que se había cumplido. “Mal, pero hemos cumplido”, admitió.

Mucho menos indulgentes fueron los empleados del Correo nucleados en Alecyt. “Si hubo irregularidades, no son responsabilidad de los trabajadores”, sentenció Miguel del Giudice, secretario general, agregando que las fallas son sólo “atribuibles a las autoridades ejecutivas del Correo, que dependen de la máxima autoridad política, que es el Directorio”.

Y como para no quedarse cortos, sostuvieron que “por haber puesto en tela de juicio la seriedad y honorabilidad de la institución, deberían renunciar”.