El secretario municipal de Obras Públicas afirmó que en lo que respecta a su área técnica, el nuevo contrato estará en condiciones de ser remitido al Concejo en el tiempo establecido. El tratamiento legislativo implica una audiencia pública entre otros pasos.
Con la última extensión “excepcional” aprobada en mayo último por la nueva gestión comunal, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Abel Boyero, aseguró ayer que en lo que a su área técnica respecta, el nuevo contrato estará en condiciones de ser remitido al Concejo en tiempo y forma.
Como se indicó, el contrato municipal por la prestación del servicio eléctrico data originalmente del 30 de octubre de 1981 y se extendía por un plazo de 20 años sin establecer mayores compromisos u obligatoriedades para con la prestación. Estaba dedicado básicamente a enumerar los bienes que la comuna transfería a la entidad en el marco del contrato.
Luego, el 23 de febrero de 1999, se efectuó un nuevo convenio entre ambas partes, prorrogando el contrato original por el término de otros 15 años, lo que determinaba la caducidad el 23 de febrero de 2014, aunque sobre la base de los plazos introducidos por la ordenanza de servicios públicos concesionados sancionada por entonces, debieron ajustarse los plazos y quitar cinco años de esa prórroga para no violentar el tope de 10 años de concesión impuesto. Así, varió la fecha de vencimiento de la concesión, quedando fijada para el 31 de mayo de 2011.
En tal fecha, el año pasado la anterior gestión municipal acordó con aval del Concejo una prórroga de un año con la prestadora, lo que determinó la caducidad el 31 de mayo de este año, luego de treinta años de la firma original y con la vigencia aun de un contrato prácticamente sin reformular desde la década del 80.
Hay que destacar que el marco regulatorio de las concesiones municipales, sancionado 15 años después de la primera firma contractual, establece que los “plazos no resultarán prorrogables, aún cuando no mediare oposición por parte de los usuarios y/o consumidores”.
Fue sobre tal base, que al aprobar una nueva prórroga el 31 de mayo pasado en sesión extraordinaria, el concejal Juan Pablo Luque (FpV) había admitido que se recaía en una violación a la norma “porque no se ha hecho lo que se debió hasta la fecha”, aunque justificó que la Carta Orgánica Municipal obliga a mantener la regularidad del servicio público, por lo que se considera que la prórroga por seis meses era el plazo necesario y definitivo para un contrato final.
En esa misma sesión, Luque había expuesto que entre los datos arrojados por la auditoría financiera y operativa a la que se sometió la entidad, surge que son los servicios de energía y alumbrado público los que brindan mayores beneficios monetarios, y que estos terminan prácticamente solventando las restantes prestaciones. “Agua y cloaca es totalmente deficitario, y energía mantiene viva económicamente hablando a la SCPL”, había dicho.
A 20 días del vencimiento de esa prórroga, el secretario de obras y servicios públicos Abel Boyero informó ayer frente a la consulta de Diario Patagónico que se avanza en la definición del nuevo contrato desde los cuadros técnicos de la cartera que conduce, para que este sea remitido en tiempo al área legal de la comuna, que deberá emitir dictamen previo envío al Concejo.
Boyero subrayó que se trabajó con la premisa de “adecuar, mejorar y agregar aspectos” al contrato original, aunque no quiso anticipar detalles del mismo hasta tanto no sea presentado al intendente.
Sin embargo, reconoció que al texto que actualmente rige la prestación “le faltan muchísimas precisiones” y señaló que deberá tenerse presente en el nuevo convenio la ordenanza que crea el ente de control de los servicios públicos concesionados de la que solo resta su reglamentación, “y cuya vigencia es fundamental para los servicios públicos”.
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