Human Rights Watch, una de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, dijo hoy que las nuevas leyes bolivianas para juzgar a ex mandatarios violan el derecho internacional al no garantizar un juicio justo
"Si no se respetan estas garantías fundamentales en todas las leyes penales que están siendo debatidas, se agrava drásticamente el riesgo de que el sistema de justicia esté sujeto a la influencia política", añadió Vivanco en un comunicado.
Human Rights Watch cree que dos leyes aprobadas recientemente por la Asamblea y un proyecto de ley que actualmente tramita "no cumplen los requisitos básicos del derecho fundamental a un juicio justo".
La primera norma, aprobada en febrero, dio a Morales el poder de designar a jueces temporales para cubrir vacantes en los tribunales.
Gracias a esa cláusula, el presidente ha nombrado a cinco de los 12 integrantes de la Corte Suprema, que seguirán en su cargo hasta diciembre, cuando habrá elecciones para cubrir los puestos, explicó HRW.
Ese modo de selección de magistrados carece de las garantías habituales a la hora de escoger jueces y "despierta dudas acerca de la apariencia de independencia e imparcialidad del tribunal", según Vivanco.
La segunda ley criticada por HRW, aprobada en marzo, establece nuevos delitos y penas más severas, y permite juzgar a ex mandatarios por actos anteriores a la adopción de la norma.
La organización de derechos humanos, con sede en Nueva York, dijo que el derecho internacional prohíbe la aplicación retroactiva de las disposiciones penales, como hace esa ley.
También criticó que esa norma autorice los juicios en ausencia y destacó que, en todo caso, una persona juzgada de ese modo debería recibir un nuevo juicio si posteriormente es detenida.
La Asamblea también examina actualmente un proyecto de ley, la llamada Ley de Juicio de Responsabilidades, que dispone que la condena de un ex presidente o ex vicepresidente por parte de la Corte Suprema no podrá ser apelada.
Según HRW, esta disposición vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado ratificado por Bolivia.
"Nadie está por encima de la ley y los ex jefes de estado que hayan cometido delitos durante sus funciones deben rendir cuentas por sus actos", dijo Vivanco.
"No obstante, tienen derecho a las mismas garantías de debido proceso que la Constitución (boliviana) y el derecho internacional reconocen a cualquier otra persona", añadió.
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