El domingo pasado, en la elección primaria de Santa Fe, se puso en marcha en el país la boleta única (BU), una más que interesante iniciativa que sus defensores intentan nacionalizar, ya que aseguran que "fortalece el proceso electoral" al eliminar las decisiones de las cúpulas y aparatos partidarios en la selección de candidatos: una de las patas flojas de la democracia.

Un nuevo round en la pelea por su lenta ramificación en el país tendrá lugar el 24 de julio, cuando en las elecciones generales santafesinas participen -por los distintos partidos- aquellos dirigentes ya legitimados y oficializados por el voto popular. Sin embargo, unas semanas antes, el 3 de julio, también Córdoba adoptará un sistema similar en su elección provincial.

Las ventajas

Una rápida comparación entre el dispositivo tradicional de las boletas partidarias y el sistema de boleta única, permite establecer las ventajas de la nueva conformación. Mientras en el sistema clásico son los partidos los que ofrecen un menú predeterminado y cerrado, en la boleta única, es "a la carta": se termina de confeccionar según la decisión ciudadana.

Además, con la BU se elimina la vieja práctica del reparto de boletas; votos "armados" o "voto cadena"; unas de las principales herramientas del clientelismo político, ya que las boletas únicas sólo están en el cuarto oscuro y la responsabilidad de su impresión no es de los partidos sino del Estado. Asimismo, de esta manera también se elimina la posibilidad de la falsificación de boletas no autorizadas por la Junta Electoral, un mecanismo utilizado para confundir a los electores y anular potenciales votos a los rivales.

En el cuarto oscuro

Al entrar al cuarto oscuro, el votante no debe indagar y discernir sobre una maraña de boletas de distintos partidos, frentes, alianzas, colectoras, "listas espejo" y cuanta artimaña electoral sea posible. Con la BU, el ciudadano vota -marcando con una cruz- en la categoría correspondiente (en la cual figuran todos los candidatos de todas las agrupaciones que participan), con lo cual desaparece cualquier posibilidad de "arrastre" de candidatos de una categoría a otra (presidente a gobernador, o intendente a concejal, por ejemplo), tal como ocurre con la cuestionada "lista sábana".

Al margen de todas estas ventajas cualitativas, por cierto fundamentales a la hora de decidir con autonomía federal e independencia de criterio cívico por fuera de ataduras partidarias o clientelares, la BU asegura que no haya faltantes de boletas; que no haya peleas entre los fiscales por la ubicación de las listas dentro del cuarto oscuro; que se elimine el "tráfico" de boletas en las inmediciones de las escuelas, una situación que facilita la compra-venta de votos; que no haya controversias por las diferencias de criterios de diseño, así como la ya apuntada desaparición de las deformaciones electorales canalizadas a través de colectoras o listas espejo.

También, la BU implica la desaparición de la práctica de "inventar" partidos o sellos que sirvan como soporte para este tipo de prácticas políticas, con el beneficio adicional de la recepción de fondos oficiales por voto recibido en la última elección.

Garantía democrática

Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que promueve la institucionalización de la BU desde 2007, este sistema "garantiza una oferta electoral completa y el derecho a elegir y ser elegido", una premisa constitucional que, sin embargo, se ve condicionada ante el accionar de los partidos.

Para el votante significa tener en una sola boleta todas las opciones disponibles, mientras que a los candidatos les asegura que su propuesta estará al alcance de todos los ciudadanos, más allá de sus recursos o estructuras.

Asimismo, la BU significa para los partidos una mejor fiscalización del comicio, ya que no hay robos u ocultamiento de boletas, como habitualmente sucede; o, lo que es peor aún, que una propuesta política dependa para su "existencia" el día de la elección, de la presencia de un fiscal que garantice la provisión y visibilidad de las boletas de su partido. Por contrapartida, ante su ausencia, la "oferta" para el votante se reduce, lesionando su derecho a elegir.

Equidad y autonomía

En ese sentido, la equidad es la base de la implementación de la BU, ya que todos los partidos tienen un espacio y visibilidad equivalentes, con tipografía de igual tamaño, colores diferenciados por categorías y no por partidos, fotos que identifican a los candidatos y que facilitan la opción de los votantes.

También, el orden en el que aparecen candidatos y partidos en la BU es fruto de un sorteo y no de imposiciones o acuerdos entre los partidos más grandes en detrimento de los más chicos.

Asimismo, y más allá de la equidad, la autonomía del elector en la decisión es otro de los atributos positivos, ya que al momento del voto -en el paso de una categoría a otra-, no hay posibilidad de que un candidato se "cuelgue" del anterior con mayor grado de conocimiento o intención de voto.

Esto es así ya que en cada uno de los casos hay que hacer una marca que sólo es válida como manifestación de la voluntad del votante y no como resultado de un acuerdo partidario interno, o de una presión de dirigentes o condicionamiento alguno.

Discusión ausente

La última reforma política en Argentina se produjo sobre fines de 2009, a días del recambio de legisladores surgidos de las elecciones de ese año. La norma votada por el Congreso eludió sistemáticamente la inclusión de la BU, pese a ser un reiterado argumento de la oposición en su desesperación por incluir modificaciones que hicieran más democrática la nueva norma.

Frente a esta avalancha de virtudes está claro que si en Argentina la BU no tiene mayor difusión y presencia es por un excesivo celo de la clase política que ve amenazado gran parte de su poder de negociación que se cristaliza con el sistema tradicional.

Pese a alguna prédica en contrario, la dirigencia de los partidos busca consagrar las listas sábana donde conviven hijos y entenados; el arrastre de figuras conocidas en beneficio de ilustres punteros desconocidos; el negocio de sellos de goma partidarios y las prácticas clientelares que encuentran en "el territorio" el mejor de sus dominios.

Intentar revertir esta tendencia, agotada y a todas luces restrictiva del pleno ejercicio democrático, parece ser algo más que una nueva moda política: una imposición ética republicana.