Con un tono crítico apuntalado en temas preocupantes para el sector, como son la falta de mano de obra, la caída en los volúmenes de exportación y de mercado interno y los problemas de agua e inseguridad que vive la zona, el presidente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Javier Palau, pintó la situación que vive la industria durante el almuerzo de fin de cosecha que anualmente realiza la entidad.

Tras señalar que la vendimia dejó en el Este una producción de algo más de 543 millones de litros de vino y 248 millones de litros de mostos (el 77 % del volumen total de Mendoza), Palau enumeró algunos aciertos del último año y destacó el censo vitícola “que permite planificar adecuadamente la actividad”, el operativo de compra de uvas para la elaboración de mostos “que beneficia al pequeño productor en términos de precios”, el programa en Mendoza de desarrollo de Marcas para Pymes fraccionadoras y la declaración del vino como bebida nacional.

Sin embargo, fueron más los reclamos que Celso Jaque debió escuchar desde su mesa, en su última presencia en el almuerzo como gobernador, incluidos algunos dirigidos al Gobierno nacional.

“Causa alarma la caída en los volúmenes de exportación, principalmente en la franja de 20 a 25 dólares la caja y esto se debe a problemas de competitividad. Por lo tanto, o se detiene el proceso inflacionario interno o se adecua el tipo de cambio; caso contrario estaremos en serias dificultades por las pérdidas de mercados”, dijo Palau y despertó el primero de los aplausos.

El almuerzo se realizó en la bodega La Rosita, de Emilio Brandi, ubicada en el distrito de Rodríguez Peña y ante unas 600 personas, entre empresarios y políticos. Javier Palau señaló que el problema de la mano de obra para levantar la cosecha “se profundiza año tras año y no se trata de lo que se paga sino de la negativa del trabajador a ser registrado en blanco, ante el temor que tiene de perder el plan social que viene cobrando; así el productor asume el riesgo de contratarlo informalmente o perder esa fuerza de trabajo”.

“Reafirmamos nuestro compromiso para erradicar el trabajo infantil -agregó Palau- pero la sola presencia de un niño en la viña acompañando a sus padres no puede ser entendida como presunción de trabajo infantil, imputándosele al productor un delito penal, porque ello significa desconocer el modo en que se mueven las familias que realizan la cosecha”.

Respecto a la crisis hídrica, Palau pidió encontrar un punto de entendimiento entre los regantes del río Tunuyán superior y los del inferior “para que el sacrificio que hacemos sea compartido”, pero también subrayó que en las actuales condiciones de escasez de agua “hay que decir no a la minería”, lo que contagió un largo aplauso.

Palau se refirió también a la inseguridad, “que se sigue agravando. En las zonas rurales sufrimos violentos robos y asaltos, algunos planificados en detalle: bodegas vaciadas, viñedos desmantelados, robo de insumos y herramientas. No tenemos la solución de fondo pero hay cuestiones básicas que corregir como son la falta de movilidad o combustible para la policía”.

Finalmente, Palau reclamó viviendas, caminos y servicios para las zonas rurales “como herramienta para fomentar el arraigo y frenar así el éxodo hacia las ciudades”.

A su turno, Jaque contestó los reclamos del sector y admitió que hay que aceitar los procedimientos para que la mano de obra temporaria no vea retrasado el cobro de las asignaciones por hijo; también destacó los 48 centros socioeducativos que hubo este año para que los chicos sean atendidos mientras sus papás cosechan.

El mandatario negó que falte combustible para los móviles policiales y dijo que hay que trabajar para localizar a las bandas que hacen negocio con elementos tan específicos como los que se pueden robar de una bodega. Destacó el volumen y la calidad de la cosecha en la zona, además de los créditos y subsidios que se entregan al sector.