El fiscal que tuvo un rol protagónico en la condena a 25 años de prisión al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000) por violaciones a los derechos humanos anunció su posible retiro de la fiscalía luego de que en una insólita decisión el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano encargado de evaluar a jueces y fiscales, lo desaprobaran en un examen para ascender a fiscal supremo. Avelino Guillén, el fiscal que interrogó con severidad a Fujimori y que tuviera una destacada labor en el juicio al ex dictador, denunció presiones políticas para bloquear su ascenso y anunció su voluntad de retirarse de la fiscalía, aunque señaló que la próxima semana tomará una decisión definitiva sobre su renuncia. La acusación de Guillén sobre presiones políticas para apartarlo de la fiscalía apunta al oficialismo y al fujimorismo. Los fujimoristas no perdieron el tiempo en salir a celebrar la decisión de bloquear el ascenso de Guillén y su posible renuncia, mientras que organismos de derechos humanos y diversos sectores políticos, excluyendo al oficialismo, han exigido una investigación sobre el procedimiento de evaluación del CNM que terminó en la desaprobación de quien es el fiscal de más prestigio en el país.

Además del juicio contra Fujimori, Guillén ha sido fiscal en sonados procesos por corrupción y violaciones a los derechos humanos, logrando la condena de importantes funcionarios del régimen fujimorista. La figura de Guillén se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad por las violaciones a los derechos humanos. Su trabajo le ha ganado aplausos y reconocimientos, pero también enemigos poderosos. "Tengo muchos enemigos. Hay mucha gente que desea que yo no continúe. Esta decisión (la desaprobación de su ascenso) no tiene una razón jurídica ni académica, sino una motivación política (...) Una fiscal me contó que un líder aprista (el partido de gobierno) le dijo que Guillén no podía continuar", ha denunciado el fiscal Guillén.

"Si jalan a Guillén en el examen y lo obligan a renunciar, el mensaje es muy claro: cuídense los jueces y fiscales que han ayudado a condenar a los que han sido procesados por corrupción o violaciones a los derechos humanos. Esto expresa claramente la alianza entre el partido aprista y el fujimorismo. Ellos son los principales interesados en sacar a Guillén de la fiscalía. En el caso de los fujimoristas, por los casos que Guillén ha visto y las condena que ha logrado contra funcionarios del gobierno de Fujimori, y en el caso del partido aprista porque se están cuidando las espaldas por lo que les pueda ocurrir", señaló a Página/12 Ernesto de la Jara, director del Instituto de Defensa Legal.

El caso de Guillén ha puesto en evidencia la penetración política en un organismo como el CNM, que en teoría es independiente, y las irregularidades que rodean los procesos de evaluación de jueces y fiscales. Pero esta decisión de bloquear el ascenso al fiscal más importante en la lucha contra la corrupción y las violaciones a los derechos humanos y presionarlo para que renuncie no es un hecho aislado. Al contrario. El gobierno de Alan García, que ha desactivado la Procuraduría Anticorrupción, que fue la encargada de llevar ante los tribunales a importantes funcionarios públicos. El Tribunal Constitucional, otro organismo con fuerte influencia del oficialismo, ordenó al Poder Judicial, en una decisión escandalosa, que suspenda el proceso penal contra el general Walter Chacón, ex ministro del régimen fujimorista, acusado de corrupción, aduciendo que el juicio se había prolongado demasiado. Esta decisión libró a Chacón de una condena casi segura. Y en diciembre del año pasado, el presidente García indultó al empresario de televisión José Enrique Crousillat, condenado en 2005 a ocho años de prisión por recibir sobornos por más de 20 millones de dólares para poner la línea editorial de su canal de televisión al servicio del gobierno de Fujimori. Guillén fue el fiscal que acusó y logró la condena de Crousillat.