La venta de los rodados se haría por subasta pública, sin base y al contado y con la intervención de martilleros públicos matriculados.

El proyecto prevé también que si los vehículos o sus autopartes no son aptos para rodar, o por su estado de destrucción resulta antieconómica su reparación, se podrá proceder a su compactado o disposición final de los mismos a través del dispositivo que el Ejecutivo considere conveniente, siempre previa notificación fehaciente o publicación de edictos, en los que se disponga un plazo para que los dueños puedan hacer valer sus derechos. El material resultante, indica la iniciativa, se utilizará conforme lo previsto por la legislación vigente.