Esta ley promulgada a fines del año pasado, establece una serie de condiciones a cumplir para los productores agropecuarios que utilicen agroquímicos, "con el objetivo de proteger la salud humana regulando todas las acciones relacionadas con productos fitosanitarios para prevenir la contaminación del ambiente, los riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos a través de la regulación, la fiscalización, la educación y la implementación de las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura", indica la ley en su primer artículo.

Allí por ejemplo se establecen las distancias mínimas que deben preservar las fumigaciones aéreas con respecto a los poblados, la cuales varían entre 3 mil y 500 metros, según el veneno aplicado.

En ese sentido, el proyecto para derogar la ley señala que no se respetan "las determinaciones y reglamentaciones que marcan distancias menores, que son avaladas por el INTA, SENASA, Ministerio de Agricultura, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, y otras organizaciones".

El bloque olmedista sostiene que es necesario dejar sin validez la ley por "las falencias gramaticales, técnicas, prácticas y de ejecución que devendrán en graves perjuicios para el sector productivo de nuestra provincia, principal motor de nuestra economía". 

"Dichos perjuicios se podrán traducir en: económicos, de operatividad, de logística, de burocracia e incluso imposibilitar la continuidad de la explotación, cuestión que podría suscitarse con los pequeños productores que no puedan costear las exigencias que la ley impone", y agregan: "por su inconsistencia es necesario replantearla en su totalidad, para que la sana práctica prevalezca por sobre la improvisación".

Justamente en varios párrafos de la fundamentación del proyecto, explican que la ley cae en vaguedades tales como no aclarar quienes deben capacitar a los fumigadores tal como se exige o quienes calibrarán las máquinas fumigadoras, otro de los puntos solicitados por la ley.

También cuestionan que al momento de cuantificar el castigo de una infracción se tomará en cuenta "la capacidad económica del infractor", lo cual consideran injusto, ya que "a igual pena, igual castigo", expresan.

Ley basada en una Neuquina

Desde que sancionó esta ley, se la atacó por considerarla una copia de una reglamentación vigente en Neuquén, lo cual quedó evidente al marcar en el artículo 25 que "Los productos fitosanitarios que ingresen a la Provincia, serán  revisados por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA)", un organismo que no existe en Salta.

Al respecto Mario Ángel, uno de los autores de la iniciativa, reconoció que se tomó de base esa normativa neuquina, al ser una de las pocas vigentes en el país referida a ese tema, y que funciona bien en esa provincia.

"Nuestra obligación no es ser originales sino hacer buenas leyes, y tomar de base una ley  anterior es común, tal como sucedió por ejemplo con la Constitución argentina que se basó en la estadounidense".