El diputado nacional estaba imputado por defraudación en $ 60 millones al municipio de la ciudad de Corrientes.
El diputado nacional del FpV, Martín Gill, pidió una reforma judicial tras el fallo que exoneró a Aguad, “para que haya justicia verdadera”. El kirchnerista manifestó su desacuerdo con la extinción por el paso del tiempo de las causas en que son investigados funcionarios con responsabilidades en el manejo de los recursos públicos. “Uno esperaría que siempre, en todas las causas, y mucho más en las que involucran a la función pública, la justicia argentina pudiera investigar y llegar a la verdad”, consideró. “Es lamentable. Se repite la historia, es la demora en la Justicia, es la inacción de los órganos jurisdiccionales, es el sólo paso del tiempo la causal para cerrar y archivar una causa o investigación; es decir es una cuestión formal y no sustancial”, dijo el diputado nacional.
“Escándalo jurídico y político”
También el abogado Horacio Viqueira, presidente del Frente Grande, mostró su desazón or el sobreseimiento por prescripción que favoreció a Aguad, al que calificó de “verdadero escándalo jurídico y político”. Según el dirigente, desde lo jurídico el fallo sienta un precedente peligroso, porque “la demora en la resolución de la causa es provocada por el propio imputado, quien además es y ha sido todos estos años funcionario público”. Aguad es y ha sido diputado nacional e integró el Consejo de la Magistratura. “Por todo esto, y por la gravedad de la acusación en su contra, no debería correr en su favor los plazos de prescripción”, señaló. Viqueira recordó que Aguad ha formulado graves acusaciones por la supuesta corrupción en el gobierno nacional y por una justicia supuestamente “adicta”. “Él es ahora quien por esta vía de la prescripción logra cerrar los escandalosos hechos acontecidos cuando fue interventor en la Municipalidad de Corrientes”, afirmó.
Por su parte, Unidos y Organizados dijo que hay un “doble estándar” en algunos funcionarios, “que por un lado se la pasan reclamando mayor institucionalidad y respeto a los valores republicanos, y por el otro buscan permanentemente eludir el brazo de la Justicia, para alcanzar la impunidad”. El espacio también apuntó a que “no se soporta la morosidad” en las investigaciones judiciales, y destacó que la Justicia se tomó 13 años para tratar el supuesto defalco. El fallo, emitido el 6 de mayo último por la máxima instancia judicial del país, declaró la “extinción por prescripción” de la investigación por el presunto delito de defraudación al municipio de la capital correntina por una cifra estimada en 60 millones de dólares, cometido por Aguad a su paso como interventor federal entre 1999 y 2001.

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