También recordó que se sugirió la creación de “un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías”. Y que “se apliquen - como regla - medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal”.

A eso sumó que la Convención de los Derechos del Niño establece que “la respuesta penal debe ser siempre de carácter excepcional y disminuida, de acuerdo a la menor capacidad de culpabilidad de las personas menores de edad”.

El titular de esa entidad dijo que “es clave que una reforma legislativa no puede dejar de estar acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia” y que es “importante que se amplíe y mejore la oferta de medidas alternativas, justicia restaurativa, instancias de mediación y justicia comunitaria”.

Bistoletti sostuvo que el Consejo Profesional de Abogados de Resistencia “no ha tratado puntualmente el planteo respecto a la disminución de la edad de punibilidad, ubicada actualmente a partir de los dieciséis años” pero que “respetuoso de Tratados y Convenciones Internacionales no podemos en principio dejar de manifestar estar en contra de ello”.