Mucho se dijo sobre la situación del Estadio Bicentenario. Desde el punto de vista político, para el oficialismo la obra está mal construida, mientras que para la oposición es una cuestión de mantenimiento.

De fondo, el coloso de la loma continúa dormitando sin una solución concreta a corto plazo.

A este marco debe sumarse el pequeño concurso preventivo de quiebra que presentó la propia empresa que hizo la obra -es decir, Capdevila Constructora SA- a la cual el Estado provincial reclamó créditos por $256.906.155, cifra que correspondería al valor actualizado en el costo del Estadio.

Dentro de este contexto se debe mencionar otro: El Estado a través de Fiscalía de Estado -que gestiona Carlos Bertorello- es uno de los acreedores que reclama crédito por $256.906.155, lo que representa el 90,58% de la masa total y, si bien aún resta que el síndico evalúe las impugnaciones y resuelva cuáles son los créditos verificados y cuáles admisibles, por detrás quedan los honorarios.

En otras palabras: si se toma como punto de partida el monto total y se compara con lo establecido por la ley de honorarios en su artículo 7 -un porcentaje del 11 al 20% dependiendo si se cumplieron con dos etapas como dispone el artículo 43- implica que Bertorello, por los honorarios, cobraría alrededor de 28 millones de pesos.

Cabe aclarar que si no se cumple con las dos etapas del artículo 43 (la primera corresponde a los trámites cumplidos hasta la declaración de quiebra o apertura de concurso y la segunda a los trámites posteriores hasta la clausura del proceso), se divide en dos el monto que resulte del porcentaje asignado.

Sobre este tema se les consultó a diversos letrados para que expliquen el proceso concursal y la factibilidad de que el fiscal de Estado incremente los montos del reclamo sobre el "Coloso de la Loma” para obtener un resarcimiento personal.

En diálogo con este medio, los abogados indicaron: "La Provincia aduce que el daño en el Estadio es total por lo que corresponde reclamar el 100 por ciento, lo que para el caso, podría ser que Bertorello incremente el monto que reclama y verifica para consecuentemente aumentar sus honorarios”. También evaluaron que el fiscal "podría pedir una reparación de 100 millones pero solicita 240 millones, lo que podría ser para obtener un resarcimiento personal en la oportunidad de cobrar los honorarios”.

Así las cosas, las fuentes consultadas dilucidaron que, conforme al porcentaje de la Fiscalía de Estado dentro de los acreedores (poco más del 90 por ciento) "el Estado provincial manejaría el concurso por cuanto posee el porcentual más que suficiente para aprobar la propuesta, o en caso de no ser así, pedir la quiebra de la empresa”.

Además, estimaron que hay muchas probabilidades "que verifique el 100 por ciento del crédito del Estado de manera que el resto de los acreedores quirografarios carecen de importancia”.

De esta forma, consideraron podría lograr una buena suma en conceptos de honorarios puesto aunque los cobraría "en el porcentaje del crédito verificado”.

En tanto, fuentes consultadas señalaron que la causa por daños y perjuicios no se encuentra en el concurso de acreedores, sino, que está en un juzgado civil.