Así lo establece el decreto 1399, publicado hoy, en cuyos Considerandos se establece que si la ampliación es mayor, el adjudicatario deberá cancelar la totalidad del valor de la vivienda, en atención a que tal situación evidencia que no necesita del financiamiento y subsidio de tasa por parte del Estado Provincial.

Sólo podrán atenderse a dos excepciones: la de familia numerosa, cuyos integrantes convivan en el mismo inmueble, lo que deberá estar debidamente acreditado y sujeto a auditoría posterior; y la disponibilidad de financiamiento con fondos provenientes de Pro.Cre.Ar., en el marco de la Línea de Ampliación y Terminación.

El decreto de referencia instruye a la presidencia del Instituto Provincial de la Vivienda a replantear y ampliar la reglamentación vigente, respecto a la preadjudicación de viviendas y que ya tuviera una modificación luego de la polémica por las preadjudicaciones del barrio Lomas de Medeiro.

Con la nueva modificación se responde a las críticas a las importantes reformas que se realizan en las viviendas sociales, apenas entregadas.