Derogar o eximir: esa era la cuestión. Hace una semana, el gobernador, José Alperovich, y el ministro de Economía, Jorge Jiménez, firmaron el decreto 2.451/3, mediante el cual se derogaba otro decreto, el 106, firmado el 26 de enero de 1994. Era el reglamentario de la Ley 6.512 que derogó el Impuesto a los Sellos para toda operatoria financiera y de seguros destinada a los sectores agropecuarios, industrial, minero y de la construcción.

Quince años después, el Poder Ejecutivo encontró una falla en el decreto 106: había que volver a reglamentar la norma para aclarar que se trataba de una exención y no de una derogación del tributo. En el camino hacia ese proceso, el Gobierno envió un proyecto de ley a la Legislatura eliminando el beneficio, lo que causó revuelo en las cámaras empresariales afectadas por la decisión gubernamental. Esa iniciativa, por ahora, quedó congelada.

"En virtud de la nueva realidad económica de la provincia, en condiciones totalmente distintas a la época de la cual data la Ley 6.512, es que resulta procedente dejar si efecto la reglamentación dispuesta por el decreto 106 (firmado por el entonces vicegobernador en ejercicio del PE, Julio César Díaz Lozano, y por el ministro de Economía, Raúl Paulino Ríos)", dice en los considerandos del decreto 2.451, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia.

En el artículo 2 de la norma se establece: "los certificados emitidos por la Dirección General de Rentas, por las operaciones financieras efectuadas carecen de validez a partir de la entrada en vigencia del presente decreto". Es decir, desde ayer mismo.

Frente a esta maraña legislativa, el Poder Ejecutivo deberá dictar ahora un nuevo decreto, volviendo a reglamentar la ley que dio origen a la exención en Sellos. Esa normativa, a la vez, tendrá que fijar un nuevo procedimiento para el otorgamiento de los certificados fiscales. En la Casa de Gobierno sostienen que necesariamente los beneficiados por la exención tendrán que pasar por Rentas para gestionar el nuevo certificado.

De esa manera, el organismo podrá actualizar su registro y, asimismo, controlar el otorgamiento de esos documentos. Si hubiera prosperado la iniciativa oficial de derogar la Ley 6.512 no hubiera sido necesario elaborar reglamentación alguna que precise si el Ejecutivo deroga o exime de Sellos a los créditos que tomen los sectores productivos de la provincia.