El subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, aseguró hoy que la Administración Provincial de Impuestos (API) continúa con el procedimiento iniciado en 2008 para cobrar la deuda impositiva (de Sellos) que tiene la empresa Terminal Puerto Rosario con el fisco, que hoy asciende a 9,2 millones de pesos.

La firma Terminal Puerto Rosario (TPR) tuvo a cargo la concesión del Puerto de la ciudad de Rosario entre 2002 y 2009.

“En noviembre de 2007, la API emitió una resolución que determinaba una deuda con el fisco desde octubre de 2006, de 1,4 millón de pesos, que más multas e impuestos ascendía a casi 9,2 millones de pesos”, indicó Beccari, quien precisó que no obstante, “no se tomó ninguna medida cautelar preventiva”.

Recién en 2008, y en el marco de las acciones de regularización tributaria llevadas a cabo por la Subsecretaría de Ingresos Públicos desde el inicio de la gestión, “se realizaron embargos en las cuentas corrientes de una gran cantidad de grandes contribuyentes que tenía la administración provincial. Dentro de esos contribuyentes estaba la de Terminal Puerto Rosario”, precisó Sergio Beccari.

En cuanto al origen de la deuda, continuó el funcionario, “surge de la readecuación del contrato de concesión que hace el Ente Administrador Portuario de Rosario (Enapro) con el concesionario”.

Con respecto al embargo, “se trata de un procedimiento preventivo de medida cautelar que no fue utilizado en ninguna de las administraciones anteriores”, indicó Beccari, quien agregó que “el código fiscal le da facultades al administrador provincial para tomar para sí la utilización de esta figura jurídica de garantizar el crédito con un embargo, que en este caso fueron las cuentas bancarias del concesionario”, especificó el subsecretrio de Ingresos Públicos.

En cuanto a la irregularidad detectada en el pago de impuesto al Sello por parte de la firma, que data de octubre de 2006, Beccari explicó que al momento de realizarse el embargo, los fondos que había en las cuentas de la empresa no alcanzaban para cubrir la deuda.

Por lo tanto, la empresa interpuso un recurso de reconsideración ante la administración provincial, luego un recurso de apelación ante el ministro (de Economía) y, posteriormente, con el depósito del capital una apelación al gobernador, que es la última instancia administrativa que tiene el contribuyente”, detalló Beccari.

En este sentido, “no hubo ningún perdón fiscal de la deuda, sino que ante el recurso presentado por la firma, la API acepta un seguro de caución para garantizar la deuda pura, de 1,4 millón de pesos (que es lo que debiera depositar el contribuyente en caso de continuar la instancia administrativa)”, detalló.

En cuanto al estado actual del procedimiento, “tras el llamado a concurso de acreedores que realizó la firma en 2009, la administración provincial vuelve a presentar el reclamo por la totalidad de la deuda. La sindicatura objeta una serie de actualizaciones en el monto (por intereses y multas) y la API hace un recurso de revisión de la medida del síndico para garantizar la totalidad de la deuda”, indicó Beccari.-