Un protocolo de intervención, una campaña publicitaria, afianzar la tarea de Inspección General y terminar con los clasificados de ofertas sexuales.

La mesa de trabajo, que se conformó para combatir la situación de trata y explotación sexual que se repite en distintos prostíbulos de la ciudad, está abocada a debatir diversos proyectos que se complementan en este fin. El primer gran paso se dará hoy cuando se presente el proyecto de ordenanza para la creación de una dirección municipal de Derechos Humanos. La intención es que cuente con una partida presupuestaria propia.

Después de una puesta en común de correcciones y argumentaciones, se dejó elaborado ayer el proyecto de ordenanza para la creación de esta nueva dirección local.

Hoy será presentado y luego tendrá tratamiento en el Concejo Deliberante. "Lo que nos importaba es que recibiera las correcciones de todos. Tiene que estar ligada al consenso", apuntó la concejal del Frente para la Victoria, Verónica Beresiarte, impulsora de la dirección y la mesa de trabajo. La iniciativa ya había sido aprobada por la Comisión Municipal por la Memoria.

"Ojalá se apruebe y funcione lo antes posible", señaló la edil, quiena demás planteó la necesidad de que cuente con una provisión presupuestaria para su funcionamiento. "Esa ordenanza, como coraza sola, no tiene ningún sentido si no tiene un sustento en término de definiciones políticas y presupuestario también", destacó Beresiarte.

Además, en la jornada de trabajo de ayer se abordaron otros dos anteproyectos impulsados por la concejal del FpV, que están siendo sometidos a discusión. Por un lado, la creación de un protocolo de intervención ante una situación de trata, que está fundamentado en el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Establece articulaciones posibles, derivaciones e intervenciones.

Otro proyecto trabaja sobre la labor de Inspección General. "Plantea que ante la presunción de alguna situación de trata o proxenetismo, haya una intervención en la clausura de la habilitación y que sea permanente", sostuvo Beresiarte, quien explicó: "Un problema que tenemos es que se clausura un lugar ante la detección de un delito pero se vuelve a abrir con otro nombre". La intención es imposibilitar esa razón social.

Además, se le solicitaría a Inspección General que cada 30 días brinde un informe sobre las intervenciones en relación al tema de trata. No sólo hace referencia a los lugares que cuentan con una habilitación municipal y bajo el nombre de una wiskería, por ejemplo, encubren un prostíbulo; sino también a los privados que funcionan en casas particulares.

Además, se presentó una iniciativa, elaborada en la Comisión de Derechos Humanos, basada en una campaña publicitaria fuerte para prevenir situaciones de trata. La idea es avanzar sobre los clientes o llamados "prostituyentes" por distintas organizaciones que trabajan temáticas de género.

A su vez, se planteó la determinación de seguir trabajando en una comisión para indagar qué figura dar a los lugares privados donde se ejerce la explotación sexual. Deberá ser "una figura que habilite a Inspección General a intervenir".

La intención de sacar los avisos clasificados que evidencian la explotación sexual de mujeres e incitan a ella había sido planteada por más de una veintena de organizaciones en la última mesa de trabajo. Beresiarte estuvo investigando la temática y dijo, en diálogo con El Atlántico, que existen tres alternativas. Una de ellas es avanzar por incitación al delito, pero "hay un artilugio legal de la contraparte, que indica, primero, que la prostitución no es un delito, y segundo que estás presuponiendo una intención de la otra parte", reparó.

"En su momento se habló de plantear que no haya pauta oficial en aquellos medios que publiquen cuestiones ligadas a la trata o de insinuación a la prostitución. En realidad, lo que se puede aducir de la otra parte es que eso es discriminatorio, así que ahí también estamos imposibilitados", explicó la edil.

La tercera opción, sostuvo, sería la más efectiva: "Interponer una cuestión que tiene que ver con los derechos de los niños y las niñas a no recibir ese tipo de información. O debieran venderla aparte o no publicarla", propuso la concejal del Frente para la Victoria.