El conflicto por los pozos de agua de Agrelo crece a cada instante y ya se espera que sea finalmente la Suprema Corte de Justicia la que deba resolver si corresponde o no el cegado que "ordenó" el gobernador Francisco Pérez en medio de la Fiesta de la Vendimia.

José Luis Álvarez, titular del Departamento General de Irrigación, no dijo una palabra este lunes sobre la judicialización de la medida, amparándose en que el organismo aún no ha sido oficialmente notificado del amparo de varios regantes. Apenas dejó trascender que todavía no se agota el plazo de 30 días que rige para cumplir con la orden oficial de cerrar los pozos.

Pero es un hecho que una jueza ya intervino en el caso a raíz de los amparos de varios inversores inmobiliarios de Alto Agrelo, quienes se verán afectados por el cegado de 20 pozos y están lejos de aceptar lo que decidió el Estado. Se trata de la jueza en lo civil Fabiana Martinelli, quien optó por dictar la medida de "no innovar".

Esta acción judicial no resuelve nada, apenas le da tiempo a Martinelli para estudiar los amparos y las respuestas de Irrigación al reclamo. Lo que sucederá de aquí en más es un misterio y dependerá de la reacción oficial, la cual, según se especula, podría ser un planteo de competencia para que el expediente vaya a parar a la Corte.

Por lo menos eso sostiene el abogado Marcelo Romano, referente de los regantes de la provincia, quien afirmó que las decisiones del Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación sólo pueden ser revisadas por el alto tribunal.

Romano de todas maneras criticó a la actual conducción de Irrigación, a cuyos directivos tildó de "incompetentes"; y vaticinó una batalla judicial larga en la que va a jugar en contra del gobierno de agua "la teoría de los actos propios, porque no se puede decidir algo en contra de lo que aprobó anteriormente".

Este letrado aseguró, además, que está buscando la manera de intervenir en el expediente judicial en contra de "los regantes VIP" de Luján, ya sea en representación de algún inspector de cauce o de un regante común y corriente.

Viejo pleito. La discusión sobre los pozos de agua subterránea de Agrelo es ya de vieja data. El ex superintendente de Irrigación Eduardo Frigerio concedió un permiso precario para abrirlos en 2010, pero esa medida nunca fue ratificada por el HTA.

Paralelamente estallaron en la Legislatura las denuncias de corrupción contra Frigerio y su asesor Jorge Villalón y el caso terminó en el Jury de Enjuiciamiento, que decidió suspender a Frigerio en 2011 por las denuncias de mal desempeño.

Frigerio y Villalón terminaron renunciando a la conducción de Irrigación en 2011 y el remplazante, el técnico Álvarez, no adoptó ninguna medida al respecto hasta marzo de este año.

Fue el gobernador Francisco Pérez, en realidad, quien ordenó cerrar los pozos cuestionados. Esa instrucción política fue muy cuestionada por algunos regantes, quienes consideraron que fue violatoria de la independencia de Irrigación. Sin embargo, el pedido del gobernador fue elevado por Álvarez al HTA. Este organismo, que actúa como una legislatura, votó finalmente de forma unánime a favor de retirar los permisos de Frigerio.

Pero se sabía desde el comienzo que esto iba a generar una batalla legal entre Irrigación y las personas que consideran que han sido vulneradossus derechos adquiridos. Y eso fue lo que ocurrió, con casi una decena de amparos que recibió la jueza Martinelli.

Silencio. Irrigación respondió a esta crisis anunciada con un pleno silencio de radio que se extenderá por lo menos hasta el comienzo de la semana laboral.

Sus autoridades tampoco accedieron a explicar en qué quedó la promesa de Pérez de constituir un consejo de expertos para modificar la centenaria ley de aguas de la provincia, un compromiso que también asumió el gobernador durante la Fiesta de la Vendimia al hablar del cierre de pozos de agua irregulares.

Menos aún se expresaron Álvarez y compañía respecto de otro problema para Irrigación: el HTA, que se encuentra incompleto desde hace tiempo, está a punto de perder dos miembros más, sin que por ahora se conozca quiénes los van a remplazar.

Se trata de los consejeros Carlos Dávila y Ricardo Scandura, presentantes del Tunuyán Superior e Inferior respectivamente. Ambos provienen de la gestión de Frigerio y deberán dejar sus puestos a mediados de abril.

Al HTA ya le falta un miembro, dado que no hay representante del río Atuel, con lo cual este mes se quedará con tan sólo dos de sus cinco integrantes.

El temor de algunos críticos como Romano es que "meta mano la partidocracia" para designar los remplazos. Es más, ya hay una especulación en ese sentido. Se dice que Pérez dará a los intendentes radicales del Este la potestad de elegir al representante del Tunuyán Inferior y que podría beneficiar al sector azul del peronismo, grupo interno del PJ que conforman tanto el ex superintendente Frigerio como el consejero Dávila, con la continuidad al frente del Tunuyán Superior.