La basura de la corrupción y la corrupción de la basura es un juego de palabras que aplica a la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese), hoy en proceso de liquidación. Tristemente, los conceptos Estado y corrupción suelen ser vinculados casi por antonomasia.

Si nombramos empresas, gremio y política, es probable que el inconsciente colectivo también los asocie con el más sigiloso pero dañino mal de toda democracia: la corrupción.

La empresa municipal Crese nació para brindarles a los cordobeses un servicio público de calidad a bajo costo; una ciudad limpia, a un precio asequible. A sólo tres años de su creación el 2012, el recién asumido intendente Ramón Mestre la desmanteló: tercerizó sin licitación a las privadas Lusa y Cotreco, más tarde creó Cormecor y luego Esop. Todos entes y empresas que realizarían las tareas que por estatuto le correspondían a la sociedad del Estado.

La desarticulación produjo que la suba del gasto en basura fuera de más del 500 por ciento sólo durante la primera gestión del ex intendente capitalino. Para postre, la calidad del servicio nunca mejoró.

Durante las dos gestiones de Mestre y bajo su supervisión por ser jefe de Estado de la Municipalidad de Córdoba, única socia de la empresa Crese, se desempeñaron como directores Arturo Luis Castagno y Norberto Roberto Bergami; como directores técnicos, Oreste Daniel Godino y Aldo Walter Vargas (hoy fallecido); como directores administrativos Arnaldo Levin e Imberti Figueroa y como director obrero Pascual Catrambone (el único miembro del directorio que permaneció durante toda la vida de la empresa).

Los siete responsables de la conducción de la empresa, más el síndico Pablo Cáceres, todos funcionarios de raigambre mestrista (excepto el gremialista) fueron imputados por la Justicia federal en causas vinculadas a las licitaciones de higiene urbana y los negocios circundantes al servicio de la basura.

En noviembre pasado fueron procesados, entre otros, Catrambone por asociación ilícita fiscal y defraudación por administración fraudulenta; Castagno por partícipe necesario de lavado de activos de origen ilícito; también Imberti Figueroa y Bergami, por coautores de defraudación por administración fraudulenta.

Controles difusos, superposición de funciones, acaudalado número de empleados, desprolijidades formales, exacerbado poder gremial, empresas dirigidas por empleados y jefes que, a su vez, debían ser controlados por ellos mismos, un Tribunal de Cuentas que nada observó, el intendente municipal que como principal responsable político no podía estar ajeno a lo que sucedía pero que sin embargo no lo evitó o detuvo, fueron los desencadenantes para que esta sociedad del Estado creada para la prestación de un servicio público se transforme en una experiencia fallida y extremadamente onerosa para las arcas municipales.

La Crese, hay que decirlo, se transformó en los últimos ocho años, en un nicho de corrupción que enriqueció a unos pocos con el dinero de todos los cordobeses que vivimos en una ciudad cada vez más sucia, más rota, más cara, más oscura y con deficientes servicios de salud y educación.

Aunque los fondos derrochados son importantes porque ello imposibilita la concreción de políticas públicas tendientes al bienestar general, el costo de la corrupción tiene otras dimensiones: cambia el sistema de valores, merma la confianza de los ciudadanos en el gobierno y las instituciones y con ello la política pierde credibilidad y legitimidad.

La Crese se liquida, se cierra, se termina, pero estas conductas indecentes no le son exclusivas; la corrupción es un problema endémico y lo padecemos desde hace años, en el municipio, la provincia y la nación. Política, administrativa, judicial, pública y privada, la corrupción lamentablemente está instalada, asimilada casi como una norma de convivencia y alarma pensar que los ciudadanos nos estemos resignando a esa realidad.

Debemos rechazar la corrupción, oponernos a ella, denunciarla, darla a conocer, combatirla. Tenemos que intentar forjar entre todos, un clima que impulse a no tolerar al funcionario venal e inescrupuloso y a exigir a quienes ejercen funciones públicas que operen con integridad, liderazgo ético, transparencia y responsabilidad.