Por su parte, los querellantes solicitarán ante los Magistrados la revocatoria de las prisiones domiciliarías y de las excarcelaciones con que son beneficiados los represores.

Los jueces platenses Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli, que integran el Tribunal Oral Federal de esta ciudad a cargo de juzgar a 16 ex militares y prefectos acusados de haber cometido en la década del ’70 delitos de lesa humanidad en perjuicio de 69 personas; escucharán durante las audiencias del miércoles y jueves los planteos de incidencia preliminar de la defensa de los imputados.

“Si bien resulta reiterativo, los planteos que realiza la defensa antes de comenzar con el debate generalmente están vinculados a la prescripción de la acción penal y a la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Nosotros, en tanto, plantearemos la revocatoria de las prisiones domicialiarias y de las excarcerlaciones con las cuales son beneficiados los acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad”, explicó en declaraciones a Radio Nativa la Dra. Victoria Vuoto, integrante de la querella.

Según informó la letrada, “de los 16 imputados en la Base Naval y de los 17 de la megacausa Cueva y Comisaría 4ta., 14 y 12, respectivamente, están con prisión domiciliaria”. “Los jueces les otorgan ese beneficio porque tienen más de 70 años, pero para nosotros eso genera peligro para la tramitación del juicio porque estamos hablando de hechos aberrantes en contra de la humanidad y de un aparato que sigue funcionando”, observó

Por otra parte, Vuoto dijo que si bien “es un derecho del imputado concurrir o no a la audiencia, la mayoría se hacen presentes” en el Tribunal de Luro y Santa Fe. Incluso contó que la semana pasada “el ex auditor de la Marina, Guyot -que está excarcelado- salió por la misma puerta del TOF, comió en el mismo lugar que los querellantes, se tomó una botella de vino y volvió al Tribunal como si todo fuera una gran puesta en escena”.

En otro párrafo, la abogada querellante advirtió que “es un hecho que continúa articulado el sector vinculado a la represión” ya que “hasta cuentan con una red de informantes a lo largo y ancho del país”.

“Así van informando a través de Internet quiénes son los testigos, los jueces del Tribunal y los abogados querellantes; y siguen abonando la teoría de los dos demonios y que los juicios avanzan porque el poder político actual son los mismos que ellos perseguían en los ’70, cuando en realidad los juicios avanzan porque ellos son criminales”, reflejó.

Frente a esas circunstancias, aseguró: “Ya hicimos una presentación en la Fiscalía General para que se encargue de averiguar cuál es el origen de la información que publican en esos sitios y con qué objetivos lo hacen”.

Cabe recordar que la causa Base Naval II es la segunda parte de la causa “Malugani Carlos – Homicidio”, en la cual se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad que habrían tenido lugar en los centros clandestinos de detención que funcionaron entre los años ’76 y ’78 en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina (ESIM) y en la Prefectura Naval.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, así como la APDH actuan en carácter de querellantes.

En tanto, los imputados son el coronel Alberto Pedro Barda; el Oficial de Inteligencia Ejército Alfredo Manuel Arillaga; el capitán de Fragata Justo Ignacio Ortíz; el capitán de Fragata Roberto Luis Pertusio; el capitán de Navío Juan José Lombardo; el capitán de Fragata Rafael Alberto Guiñazú (foto) ; el Capitán de Navío Raúl Alberto Marino; el capitán de Navío Mario José Osvaldo Forbice; el capitán de Fragata José Omar Lodigiani; el prefecto Juan Eduardo Mosqueda; el Sub Prefecto Ariel Macedonio Silva; el Suboficial de inteligencia de Marina Ángel Narciso Racedo; el Capitán de Navío Julio César Fulgencio; el Coronel Aldo Carlos Máspero, el marino Julio Cesar Falcke y el abogado auditor Juan Carlos Guyot.