Se recordará que se denunció a los funcionarios de haber cajoneado el expediente y de haberles negado sin justa razón el certificado de impacto ambiental para el emprendimiento.

El representante de Plaza Verde, Alberto Fedele Fusco, fue quien denunció al Secretario de Medio Ambiente del Municipio, Claudio Olivares, y a su colaboradora Gabriela González -directora de Impacto Ambiental- “por abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

El fiscal Ariel Rivas, resolvió el jueves último archivar el expediente argumentando no haber encontrado pruebas de la denuncia efectuada. La decisión la tomó luego de que el presidente del grupo inversor, Fedele Fusco, prestara declaración el martes de la semana pasada.

Según se supo, el empresario habría insistido en que debido a un capricho municipal se les niega el certificado de impacto ambiental y citó como ejemplos los casos de ‘Barrancas de Guido’ y ‘New Field’. El denunciante aseguró que un planteo similar fue presentado en la Justicia Contenciosa Administrativa y espera tener un fallo favorable.

Los abogados defensores de Olivares presentes en la audiencia contragolpearon con ‘Nuevo Quilmes’ y ‘Techint’.

De todos modos, Fedele Fusco insistió en que los funcionarios “ni siquiera” quisieron “aceptar (recibir)” otros planos presentados, y remató que Olivares no tenía títulos pertinentes y que su colaboradora era de profesión abogada.

La resolución del fiscal Rivas fue girada al juez de Garantías y la notificación al abogado del denunciante, Gustavo Frasquet, se estaría concretando por estas horas.

El empresario Fedele Fusco prestó declaración el martes ante el fiscal Rivas en una audiencia en la que participaron su abogado patrocinante Frasquet y los letrados que representaban a los funcionarios municipales denunciados.

Cabe agregar que el Concejo Deliberante quilmeño avaló la instalación de un barrio privado en los predios de la ex Rodhia y que un año y medio después, el departamento Ejecutivo rechazó el estudio de impacto ambiental y declaró las obras ilegales. La administración Gutiérrez le reclama a los inversores la sesión de un espacio de las tierras en el lugar donde están construyendo el barrio privado. Los representantes del barrio privado se quejan, ya que dicen que la Ley no los obliga a que la sesión de tierras se efectivice en el lugar donde se desarrolla el emprendimiento.