El último plenario de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), llevado a cabo en la localidad bonaerense de Avellaneda, aprobó una declaración de apoyo al proyecto de ley de la senadora formoseña Graciela de la Rosa (FpV) que tiene por objeto “establecer la intervención directa del Estado en la provisión del gas en garrafas subsidiado a fin de garantizar el acceso igualitario, seguro y regular del producto, respetando los precios fijados por el Poder Ejecutivo Nacional”.

La iniciativa es respaldada por el defensor del pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, y cuenta con el acompañamiento de los senadores José Mayans (Formosa), Juan Manuel Irrazábal y Sandra Giménez (Misiones), y Elena Corregido (Chaco), todos del Frente para la Victoria.

ADPRA destacó la importancia del proyecto “en cuanto fija que las empresas productoras deberán cumplir con los parámetros de abastecimiento interno bajo apercibimiento de que se suspenda el pago de las compensaciones establecidas en los programas llevados adelante por el Gobierno nacional”

En ese sentido, el organismo que nuclea a los Defensores del Pueblo de todo el país entendió que “la intervención directa del Estado en la comercialización del gas licuado en garrafas se torna necesaria a la luz de las experiencias recogidas que indican la existencia de factores vinculados con prácticas abusivas que hacen que el producto no llegue oportunamente, a los precios fijados y de manera suficiente a los hogares argentinos”.

Por todo ello, consideraron “urgente la intervención del Gobierno Federal en la problemática”.