Al respecto Baro dijo que “vemos que no se está cumpliendo con el plazo de elevación del proyecto de presupuesto para su tratamiento legislativo, que establece en el articulado, en el caso de la Constitución en el 103, y en el caso de la ley de Administración Financiera en su artículo 25, el plazo del 31 de agosto, para su elevación por parte del Poder Ejecutivo”.

Asimismo aclaró que “analizando el recorrido de la ley provincial, estamos lejos de cumplir los objetivos planteados. Observamos con preocupación que no se cumple con los preceptos y principios esbozados en cuanto a su formulación, en términos físicos y financieros”

“No se elevan las metas y objetivos, con sus respectivas unidades de medidas, se subestiman recursos y gastos, sobre todo estos últimos donde no se incluyo la pauta salarial de los empleados públicos de la provincia, y se distorsiona el presupuesto incluyendo el régimen de seguridad social”, agregó.

Por último explicó que “el presupuesto va mucho más allá de un mero instrumento legal que expresa una previsión financiera para un período determinado. Es, también, un instrumento básico de política económica, planificación y administración”.