El máximo tribunal judicial falló a favor de una presentación de defensores oficiales Gerardo Balog, Marcelo Álvarez Melinger, Mónica Rosati y Gustavo Butrón que se hicieron eco de las denuncias de los presos de la unidad y ordenó al Poder Ejecutivo a realizar las refacciones necesarias en 60 días para el cumplimiento del encierro en condiciones de dignidad.

Señaló el STJ que la provincia debe otorgar carácter prioritario para ejecutar una nueva sede del Penal 3 en cumplimiento de la Ley provincial 3.008 del régimen de ejecución de penas privativas de libertad impuestas a los condenados y normas internacionales.

La acción de amparo fue promovida ante la Cámara Primera del Crimen en primera instancia por las precarias condiciones de higiene y seguridad, estructuras edilicias deficientes, instalaciones eléctricas riesgosas aptas para causar incendio, falta de sanitarios suficientes, de ventilación, sumado al hacinamiento, olores nauseabundos, humedad, todas falencias u omisiones que afectan a la totalidad de los internos allí alojados y que traen aparejado un trato lesivo a su dignidad.

Además la semana anterior el juez de Instrucción, Martín Lozada, hizo lugar a un habeas corpus y clausuró una celda por las malas condiciones de habitabilidad, sobre la cual el propio subsecretario de Política Criminal a cargo del Servicio Penitenciario, Santiago Ibarrolaza, dijo en declaraciones radiales que era una decisión correcta del magistrado y que había ordenado una partida de 120.000 pesos para mejorar esa celda.

Ibarrolaza en más de una oportunidad señaló la necesidad de construir un nuevo penal en Bariloche y aseguró que se encuentra en gestiones para obtener el financiamiento necesario nacional para su ejecución que requeriría de una inversión de 30 millones de pesos.

En tanto, el defensor del Pueblo local, Vicente Mazzaglia recorrió días atrás el Penal respondiendo a una invitación expresa del director del establecimiento, Manuel Poblete, quien convocó a las autoridades judiciales y locales para dar a conocer las “condiciones degradantes e indignas a la condición humana en las que habitan y trabajan internos y celadores, en un medio edilicio obsoleto, con corrupciones constructivas, deplorable y peligroso”, se expresó desde la Defensoría en un comunicado de prensa.

Desde el organismo se consignó que el director “hizo referencia al insuficiente presupuesto asignado, expuso las carencias en equipos informáticos y mobiliario; la necesidad de más personal convenientemente capacitado, con la moderación y el equipamiento imprescindible y adecuado a su función”.

Poblete entregó al defensor documentación en la cual consta que reiteró reclamos en ese sentido. (ADN)