El Ejecutivo elevó al Concejo Municipal un proyecto donde solicita la extensión de los contratos de concesión con las empresas del servicio urbano de pasajeros, esta vez por 18 meses.
Aunque el articulado no lo dice, la intención del gobierno es encargar en ese lapso un estudio exhaustivo sobre el servicio de transporte que hoy necesita la ciudad y luego llamar a licitación.
Ene 2010 el municipio estuvo a punto de licitar, pero la presión de las empresas y de sus trabajadores consiguió que los ediles aprueben una extensión directa de los contratos por tres años.
En los fundamentos de la iniciativa enviada ahora por la intendente provisoria María Martini consta que el proyecto de pliego de licitación presentado el año pasado el exintendente Omar Goye (y que se llegó a debatir en audiencia pública) "no modificaba en esencia las disposiciones y el contenido" de la regularización contractual de 2010.
Los concejales finalmente no lo aprobaron, porque una licitación en esos términos no haría más que reproducir las falencias y omisiones del sistema actual.
Martini prometió encargar un estudio técnico que tenga en cuenta el crecimiento demográfico de la ciudad, que garantice una mayor calidad del servicio, un nuevo diseño de recorridos y que determine la mejor alternativa para el expendio de boletos.
Los concejales deberán tratar contra reloj la eventual prórroga porque los contratos vigentes vencen el 30 de junio.
Para avanzar cuanto antes, la comisión de Servicios, Tránsito y Transporte citó para el próximo martes a representantes de las dos prestadoras, del Ejecutivo municipal y del gremio UTA.
El titular de la comisión, Alfredo Martín (FG) dijo que los 18 meses alcanzarían para realizar el estudio y para efectuar con tiempo el llamado a licitación. Consideró que no queda claro si el acuerdo con las empresas para la extensión de los contratos contempla un aumento de tarifas.
Tanto Codao como Tres de Mayo han insistido en reclamar una mejora antes de hablar de cualquier proyecto de continuidad. Desde mediados de 2012 el boleto mínimo cuesta $3,45 y los alumnos de todos los niveles de enseñanza viajan gratis.
Allí reside uno de los temas más polémicos, ya que el proyecto le garantiza a las empresas una "compensación de carácter extraordinario" con el fin de resarcirlas por la "tarifa diferencial" que rige para los estudiantes, jubilados y pensionados.
Indica que reconoce como "tope máximo" de ese subsidio el fijado por la ley provincial 3831. Mediante ese instrumento, el Estado les garantiza a las empresas el 50% del boleto normal.
Según el proyecto de ordenanza, la suma que aportará el municipio dependerá de "la información que a tales fines brinde el área técnica correspondiente" sobre la cantidad de pasajeros transportados.
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