Una veintena de representantes de organizaciones dedicadas a la problemática de género plantearon a la concejal la preocupación por el aumento de casos de violencia machista y femicidios que se registra en todo el país y la consternación por la virulencia de los últimos hechos ocurridos en la ciudad, que incluyeron privación de la libertad y torturas a mujeres.

Las manifestantes solicitaron que, a la par del posicionamiento local, los concejales gestionen un pronunciamiento similar en la provincia para avanzar hacia una declaración de emergencia nacional.

También pidieron la instrumentación de políticas activas y la asignación de recursos para fortalecer la contención de los casos emergentes, que en la actualidad es insuficiente y tardía.

Martini coincidió con varios de los planteos realizados y destacó la necesidad de trabajar en prevención para "visibilizar la situación de muchas mujeres de los barrios que padecen estas situaciones y hoy no se ve", al tiempo que recordó los avances logrados en el ámbito municipal con la creación de la dirección de la Mujer y la jerarquización de la casa refugio Amulén.

Claudia Quiroga, referente de la comisión Pro-encuentro Nacional de Mujeres, reconoció las mejoras alcanzadas pero aclaró que "no alcanzan" frente al crecimiento del fenómeno y fue enfática al señalar que "no estamos dispuestas a lamentar más víctimas".

Las organizaciones reclamaron un presupuesto acorde a las necesidades de la Casa Amulén, recursos para la ampliación edilicia y la colocación del cerco perimetral, más operadores y un equipo de trabajo interdisciplinario.

Uno de los principales reclamos estuvo dirigido al accionar de la Justicia, que frente a muchas denuncias "adolece de imparcialidad, es lenta e ineficiente para frenar la espiral de violencia". En tan sentido reclamaron capacitación para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas.

También se pidió la habilitación de un número gratuito para recibir denuncias de violencia, la instrumentación de la "pulsera antipánico" para controlar el cumplimiento de las restricciones de acercamiento y la urgente creación de espacios de atención para los victimarios, entre otros.