La procuradora general del Poder Judicial rionegrino, Silvia Baquero Lazcano, designó a una docena de fiscales y cuatro defensores adjuntos para "fortalecer el funcionamiento" del servicio del Ministerio Público.

Los nombramientos -formalizados a mediados de mayo con la resolución Nº 151- comprenden cargos en las distintas circunscripciones después de un llamado a concurso de oposición y antecedentes realizado el año pasado. Resta la incorporación efectiva al Poder Judicial por parte del Superior Tribunal de Justicia, a quien la Procuración comunicó las designaciones para que cumplimente "los exámenes psicofísicos" y emita un informe final en el que confirme que los elegidos "resultan aptos para el desempeño de sus funciones".

Los 12 fiscales adjuntos designados son Mariana Giammona, Vanesa Passarelli y José Chirinos en las unidades fiscales de Viedma; Rocío Soledad Guiñazú Alaniz en Roca; Laura Andrea Olea en la fiscalía Descentralizada de Allen; Tomás Sebastián Soto y César Ignacio Lanfranchi en los tribunales de Bariloche; José Luis Torcchia en la Unidad Fiscal de El Bolsón; Matías Nazareno Stiep, María Eugenia Cortez Iribarren y Guillermo Ibáñez en Cipolletti, y Analía Díaz en Catriel.

Por otra parte la Procuradora nombró a cuatro defensores adjuntos de Menores e Incapaces: Laura Gimena Krotter en Viedma; Tatiana Marta Gabarret en Roca; Victoria Cecilia Fernández en Cipolletti y Martín Rodrigo Fernández en Bariloche.

En su resolución, la jefa de los Ministerios Públicos insistió que los nuevos funcionarios designados "deberán prestar servicios en horarios matutinos o vespertinos".

Los fiscales adjuntos -según el artículo 49 de la ley 4199- "actúan bajo la supervisión de los titulares de los organismos a los que son asignados". Son requisitos ser argentino, abogado con dos años de antigüedad o diez como empleado judicial y 25 años de edad como mínimo. Además, la resolución aclara que deben acreditar, "al momento de asumir", su residencia en la circunscripción en la que trabajarán.

La normativa Nº 4199 precisa que los fiscales adjuntos "son designados por el Procurador General y seleccionados entre los cinco primeros de una lista de orden de mérito elaborada por el Consejo de Defensores y Fiscales y que surja del concurso de oposición y antecedentes". Las designaciones son provisorias y deben ser ratificadas a los seis meses de efectivizados los ingresos.

También se prevé que "tienen responsabilidad personal por el buen desempeño de sus funciones y se encuentran sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, obligaciones y atribuciones legales y reglamentarias". Pueden ser "removidos por las mismas causales que los restantes miembros del Ministerio Público, previo sumario administrativo sustanciado por el Tribunal de Disciplina del Consejo de Fiscales y Defensores".