La feroz pugna entre el gobierno de la Provincia y el gremio de la Asociación Bancaria (AB), desatado a partir del manejo de los 172 millones de pesos que el alperovismo tomó de la Caja Popular de Ahorros (CPA) sin determinar los fines al que serían destinados los mismos, ahora se extiende hacia los sectores de la justicia local.

Es que, de acuerdo a lo planteado por la entidad gremial, "se orquestó una operación política-judicial" con el objeto de lograr el encarcelamiento de uno de los dirigentes de la AB, Carlos Cisneros.

En este sentido, el representante letrado de La Bancaria, Gustavo Morales, presentó en la jornada de ayer ante la Corte de Justicia de Tucumán una denuncia en contra de los vocales de la Cámara Penal de Apelaciones por configuración de presuntas inconductas en el ejercicio de sus funciones. Ello, en el marco del proceso penal que algunos empleados de la Caja iniciaron contra Cisneros al denunciar amenazas e intimidaciones.

Como se recordará, en esta causa, el juez de Instrucción de la I Nominación, Javier Tomás dispuso que Cisneros no podría acercarse a más de 30 metros de quienes habían radicado la presentación en su contra.

Por esta razón, la defensa de Cisneros planteó el archivo de actuaciones (en razón de las teóricas amenazas) "por resultar que el hecho investigado es atípico".

Desde esta instancia es donde comienzan los fundamentos de las acciones penales correspondientes en contra de los magistrados de la Cámara, Eudoro Albo y Elva Graciela Jiménez, pues su comportamiento podría encuadrarse en el tipo penal conocido como tráfico de influencias.

Así, Morales sostuvo en su denuncia que proyectado este panorama, comenzó a "operar" el Ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez a través de su hermana (Elva) y de Albo, sobre el fiscal de Instrucción de la IV Nominación (Diego López Avila), quien antes de asumir se había desempeñado como relator de la Cámara de Apelaciones. Así también, el letrado indicó que la supuesta operación también se concentró en el juez Tomas, de quien dijo fue designado en su cargo por el gobernador, José Alperovich, apartándose del orden de mérito, establecido por el Consejo Asesor de la Magistratura.

"Los vocales de la Cámara, Albo y Jiménez, ejercerían su influencia sobre la causa penal en la que se investiga a Cisneros, a través del letrado Tomas Robert, quien es amigo íntimo de los magistrados y comparte con ellos la Cátedra de Derecho Penal II en la UNT", resaltó Morales.

Un claro mensaje

Seguidamente, adujo que "incluso la prohibición de acercamiento (a los empleados de la Caja interpuesta en contra de Cisneros) se habría pergeñado en un inmueble de fin de semana que se encontraría a nombre de Albo, ubicado en la localidad de San Javier a una distancia de un kilómetro y medio del Cristo".

Así, Morales menciona que el letrado Robert invocó un "inexistente poder de urgencia a favor de las víctimas (los empleados de la CPA), lo que fue aceptado ilegalmente por la fiscalía de Instrucción de la IV Nominación, incluso sin las firmas de las presuntas víctimas", explicó.

Se menciona además en la denuncia presentada ante el Máximo Tribunal provincial que Tomas Robert también solicitó el martes pasado la detención de Cisneros, "aprovechando que la titular de la Fiscalía de Instrucción de feria es Adriana del Carmen Giannoni, designada en tal función únicamente por tener amistad manifiesta con Edmundo Jiménez, con su cónyuge y con Elva Graciela Jiménez", reza la presentación efectuada.

Morales, destacó que no se hizo lugar a este pedido y así "se evitó que Cisneros termine preso, pero se pudo desmontar una operación política-judicial que da cuenta de una metástasis institucional, ya que donde se toque sale pus. Lo que pasó fue un claro mensaje por parte del poder para demostrar que no se puede cuestionar bajo ningún punto de vista a quienes gobiernan", manifestó el letrado en una conferencia de prensa brindada ayer junto al secretario general de La Bancaria en Tucumán, Eduardo Bourlé.

Finalmente, en el escrito presentado se hizo reserva de solicitar la formación de un jurado de enjuiciamiento contra los vocales de la Cámara de Apelaciones, como así también pedir se decrete a esta denuncia como asunto de feria, teniendo en cuenta su gravedad, así como por tratarse de una cuestión de "interés público que compromete seriamente el adecuado servicio de justicia", se enunció.