El departamento Orán se convirtió, ahora, en otro escenario de los reclamos sociales del norte de la provincia, en consonancia con lo que está sucediendo en el departamento vecino de San Martín. La ruta nacional 50, que conduce a la frontera con Bolivia, fue utilizada como centro de las protestas de los trabajadores del ingenio El Tabacal y de los integrantes de una cooperativa de bagayeros. Por ese motivo esta red caminera permaneció cortada desde las primeras horas de la mañana de ayer frente a la empresa azucarera y a la altura del arroyo Zenta, entre la ciudad de Orán y la localidad fronteriza de Aguas Blancas. A esto se suma la protesta iniciada por exempleados de la ex Dirección Provincial de Energía, quienes se encadenaron en la puerta de la Catedral de Orán.

Los cortes de ruta provocaron malestar en la zona, especialmente en los establecimientos agrícolas, ya que muchos obreros no pudieron llegar a sus puestos de trabajo.

Unos 60 bagayeros de la Cooperadora 15 de Abril interrumpieron el tránsito aduciendo maltrato, atropellos y abuso por parte de Gendarmería Nacional. El dirigente Manuel Barrios tuvo duros conceptos hacia las autoridades del municipio de Orán, que “han expresado su intención de terminar con la actividad que desarrollamos”. El dirigente calificó como un acto de discriminación las medidas que se quieren tomar, pese a que reconoce que la actividad que desarrollan es al margen de la ley. Barrios sostuvo que la carencia de fuentes de trabajo en la zona los obliga a recurrir al bagayeo. “Somos más de tres mil las familias que vivimos de este trabajo, el que tiene como principales impulsoras a las mujeres”, resaltó.

“Nos acusan de que realizamos una actividad ilegal, pero más ilegal es tener trabajadores en negro en la Municipalidad”, denunció Barrios. Frente a lo expuesto sostuvo que “el municipio no se puede mantener al margen del problema, porque es el que promueve el comercio ilegal en la feria latinoamericana de la terminal, donde toda la mercadería que se vende es ilegal”.

Encadenados

Extrabajadores de la privatizada Dirección de Energía de la Provincia, ahora Edesa, se encadenaron por la falta de respuestas a los reclamos que vienen planteando desde hace años sobre la propiedad participada. Explicaron que se trata de 600 trabajadores que fueron dejados cesantes cuando se privatizó la empresa estatal. “La propiedad participada consistía en la entrega de once mil acciones para cada uno, lo que nos convertía en accionistas, pero nunca nos indemnizaron ni recibimos esas acciones”, manifestaron Miguel Angel Cruz y Luís Báez, quienes se encadenaron en la puerta de la iglesia matriz de la ciudad de Orán. Ambos son de Salta capital. Para apoyar el plan de lucha, arribaron a la ciudad norteña ex empleados de distintos puntos de la provincia. Uno de los voceros que se identificó como Pocho Juárez reveló que el secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Javier Montero, llamó a los huelguistas para que dejaran sin efecto la medida. “Moreno se molestó por las repercusiones que tuvo en los medios de la provincia”, dijo Juárez. Y agregó que el funcionario “argumentó que “todo está en un proceso de negociación y que están a la espera de una respuesta de la empresa Edesa.